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En un contexto económico nacional complicado, el Gobernador de la Provincia decidió suspender transitoriamente el aumento del 4,5% sobre las remuneraciones de las autoridades superiores y el personal de gabinete. La medida, dispuesta a través del Decreto 1020/25, busca contener el gasto público, aunque no afecta a los Legisladores ni a los miembros del Tribunal de Cuentas.
El Gobernador de la Provincia resolvió, mediante el Decreto 1020/25, suspender de manera transitoria el aumento salarial del 4,5% que había sido previsto para las autoridades superiores y el personal de gabinete del Ejecutivo Provincial. La decisión se tomó debido a la compleja situación económica que atraviesa el país y el impacto negativo que ha tenido en las arcas provinciales.
Según el considerando del decreto firmado el pasado viernes 4 de abril y publicado el martes siguiente, el Gobernador explicó que "los recursos del Tesoro Provincial se han visto extenuados" como consecuencia de la crisis económica nacional. Ante este escenario, se adoptaron medidas urgentes para "resguardar el interés general", reorientando los recursos hacia áreas vulnerables y garantizando la contención del gasto público.
“Los mayores esfuerzos descansarán sobre el conjunto de los sectores de la sociedad, en proporcionalidad a su capacidad de contribución en el esfuerzo común”, afirmó el Gobernador, añadiendo que las medidas adoptadas son “solidarias y excepcionales”. Estas incluyen el congelamiento temporal de los sueldos de los funcionarios y personal de gabinete, lo que implica que la remuneración bruta del Gobernador seguirá siendo de $5.057.952, mientras que la de la Vicegobernadora será el 95% de ese monto. En cuanto a Ministros y Secretarios de Estado, sus sueldos variarán entre el 66% y el 30% de lo que percibe el Gobernador.
El decreto también establece que esta medida no afecta a los Legisladores ni a los miembros del Tribunal de Cuentas, quienes seguirán percibiendo sus remuneraciones con el aumento previsto. En el caso de los Legisladores, su dieta ascendería a un bruto de $4.757.000, y los miembros del Tribunal de Cuentas rondarían los 11 millones de pesos.
En la medida, el Gobernador subraya que la suspensión no implica una afectación irreparable de los beneficios patrimoniales de los funcionarios, sino una limitación temporal como parte de un esfuerzo colectivo para mitigar los efectos de la crisis. “Esta decisión no resulta un ejercicio irrazonable de las facultades del Estado, sino que es una medida razonable y limitada en el tiempo”, explicó.
El objetivo de la medida es racionalizar los recursos del Tesoro Provincial y, al mismo tiempo, priorizar las áreas más vulnerables, como el sistema de salud, la educación y la asistencia social. A pesar de los esfuerzos por contener el gasto, la situación sigue siendo difícil y el Gobernador insta a la ciudadanía a acompañar las medidas de austeridad adoptadas para enfrentar el panorama económico.
Este congelamiento salarial será revisado a medida que la situación económica evolucione y se analicen nuevas estrategias para abordar los desafíos que enfrenta la provincia.
