La Fiscalía de Género se niega a homologar el acuerdo entre Guzmán y Kirstein

Luego de una espera de más de siete meses, la Fiscal de Género María Paula Schapochnik finalmente se pronunció en el caso que involucra a Marcelo Guzmán, ex relator del Superior Tribunal de Justicia, y su expareja Carla Kirstein, quien lo acusó de violencia doméstica. Schapochnik rechazó un acuerdo privado firmado entre las partes, subrayando que no era viable ni favorable a los intereses de la víctima.

El caso de violencia doméstica que involucra a Marcelo Guzmán, ex relator del Superior Tribunal de Justicia, y Carla Kirstein fue dado a conocer en agosto de 2022, cuando Kirstein, oriunda de Chaco, difundió un video en las redes sociales mostrando los golpes recibidos por su pareja durante una discusión. En el video, su rostro y cuerpo aparecían desfigurados por las agresiones que presuntamente le habría propinado Guzmán, quien, en ese momento, se desempeñaba como Relator ante el Superior Tribunal de Justicia para el vocal Ernesto Löffler.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Guzmán fue apartado de su cargo, pero no se tomaron medidas judiciales inmediatas. La causa derivó en un proceso judicial que tenía como fecha de juicio oral el año 2026. Sin embargo, se reveló que había existido un acuerdo privado entre las partes, firmado con el asesoramiento de los abogados de Guzmán y Kirstein, para tratar de resolver la situación fuera de los tribunales. El acuerdo debía ser homologado por la Fiscalía de Género.

Tras más de siete meses de espera, la fiscal Schapochnik emitió un comunicado rechazando este acuerdo, indicando que “no corresponde la resolución alternativa del conflicto a través de la reparación integral o conciliación”. En su fallo, la fiscal concluyó que el acuerdo propuesto no era viable ni favorable para los intereses de la víctima, Carla Kirstein, y que la conciliación no era una opción adecuada en este caso.

Este rechazo llega en un contexto de creciente preocupación sobre las demoras en la administración de justicia, especialmente en casos que involucran a figuras del poder judicial. El rechazo del acuerdo plantea la necesidad de continuar con el proceso judicial, y se espera que se confirme una fecha para la audiencia de juicio efectiva. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si, en casos que involucren a miembros del Poder Judicial, las reglas de juego son realmente las mismas que para cualquier otro ciudadano común.

Este caso sigue siendo un tema de debate en la sociedad, y el rechazo al acuerdo marca un paso importante en la lucha contra la violencia de género dentro del ámbito judicial. La espera de justicia continúa, mientras las víctimas de violencia doméstica siguen demandando respuestas más rápidas y efectivas.