El Gobierno ahora duda en derogar el femicidio: el polémico proyecto de ley podría liberar a 300 homicidas

La reciente propuesta del Gobierno de eliminar la figura de femicidio, un agravante del homicidio por razones de género, ha generado controversia. Especialistas alertan que, si se deroga, cientos de condenados por este delito podrían solicitar la reducción de penas y salir de prisión de manera anticipada. Ante este escenario, el Ministerio de Justicia está preparando un proyecto alternativo para proteger a las víctimas de violencia de género.

La discusión sobre la derogación de la figura de femicidio comenzó tras los polémicos comentarios del presidente Javier Milei en Davos, donde cuestionó la distinción legal entre homicidio y femicidio. Este debate fue respaldado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en enero anunció la intención de eliminar dicha figura del Código Penal, argumentando que la igualdad ante la ley es fundamental.

Sin embargo, los expertos rápidamente advirtieron que la eliminación del femicidio podría tener consecuencias no previstas. En particular, señalaron que los condenados por este delito podrían recurrir a la ley más benigna, un principio legal que establece que los reos pueden pedir una revisión de su sentencia en caso de que se cambie la ley. Esto podría resultar en la reducción de penas o incluso en la libertad anticipada para aquellos condenados por femicidio.

Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), existen al menos 306 condenas por femicidio en el país, muchas de las cuales incluyen penas de prisión perpetua. Si la ley se modifica y se elimina el agravante de femicidio, estos homicidios serían considerados simples y las penas pasarían de perpetuas a 8-25 años de prisión, lo que abriría la puerta a la libertad condicional para algunos.

Ricardo Gil Lavedra, excamarista y presidente del Colegio de la Abogacía, explicó que la supresión de la agravante de femicidio permitiría a los condenados solicitar la revisión de sus penas, lo que podría llevar a la liberación de algunos de ellos. Esta situación ha generado un intenso debate dentro del Gobierno, ya que algunos sectores temen que, en su afán por promover la igualdad ante la ley, se pueda dar lugar a la liberación de personas condenadas por crímenes de extrema violencia hacia mujeres.

Ante estos riesgos, el Ministerio de Justicia está trabajando en un nuevo proyecto de ley que incluiría aspectos más amplios relacionados con la protección de la familia y la violencia de género, evitando los efectos negativos de la eliminación total de la figura de femicidio.

La polémica sigue vigente, mientras la sociedad observa las posibles repercusiones de una reforma que podría afectar no solo la pena de los condenados, sino también la protección de las víctimas de violencia de género.