"La emergencia no solo abarcará el servicio penitenciario, sino que será más integral, a cubrir todo el sistema de seguridad”, explicó Canals

En diálogo con Radio FM La Isla, el ministro y vicejefe de Gabinete, Jorge Canals, se refirió al tratamiento legislativo de la ley de emergencia en seguridad, destacando la importancia de esta herramienta para agilizar los procesos administrativos y fortalecer el sistema integral de seguridad.

“Es un trabajo que hemos logrado hacer con la Legislatura de la provincia. Agradezco la predisposición del Parlamento provincial, que nos convocó en diversas oportunidades. Hemos estado en reuniones y, desde el proyecto original presentado por el legislador Pablo Villegas en 2019 hasta lo que será aprobado, se logró un enriquecimiento importante. La emergencia no solo abarcará el servicio penitenciario, sino que será más integral, a cubrir todo el sistema de seguridad”, explicó Canals.

El ministro enfatizó que la declaración de emergencia no implica que el sistema esté en crisis, sino que busca dotar al Ejecutivo de mayor celeridad en áreas complejas: “Los procedimientos administrativos muchas veces fracasan por cuestiones de tiempo y procesos propios de la administración pública, especialmente cuando están ligados a una moneda internacional. Esta herramienta nos permitirá avanzar más rápido, aunque también nos impone cumplir con las expectativas tanto de la Legislatura como de los trabajadores de las fuerzas de seguridad”.

Sobre la inversión necesaria, detalló: “Contamos con 4.000 millones de pesos garantizados del Tesoro, y el Ministerio de Economía logró incluir un endeudamiento de 10.000 millones de pesos. Ahora debemos trabajar en conseguir ese financiamiento, que puede ser a nivel nacional, internacional o incluso mediante la emisión de letras provinciales. Ya lo hicimos anteriormente con éxito, cumpliendo con los pagos correspondientes, lo que nos brinda credibilidad en este tipo de operaciones”.

Consultado sobre la posibilidad de tercerizar algunos aspectos del servicio penitenciario, explicó: “No estamos hablando de privatizar ni de crear cárceles privadas. Por constitución, la seguridad es indelegable. Sin embargo, en áreas donde el Estado no puede afrontar ciertos proyectos, se exploran alternativas público-privadas o netamente privadas. Por ejemplo, construir una nueva unidad de detención podría ser viable mediante una inversión privada, siempre evaluando cómo recuperar esa inversión”.

El ministro reconoció que este enfoque plantea desafíos, especialmente en términos de rentabilidad: “La población carcelaria de Tierra del Fuego no justificaría grandes inversiones como en otras provincias, pero se podrían considerar iniciativas que aprovechen espacios estratégicos, como el traslado de anexos penitenciarios ubicados en el centro de Ushuaia, para liberar terrenos con alto valor turístico”.

Finalmente, Canals subrayó el compromiso con la modernización del sistema de seguridad: “La ley no solo nos da recursos, sino también la responsabilidad de encontrar soluciones. Apuntamos a modernizar la policía, avanzar en sistemas de vigilancia y establecer un anillo de seguridad en la provincia. Este es un paso fundamental para sentar las bases de un sistema de seguridad moderno y eficiente”.

El ministro concluyó reafirmando su confianza en el trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y la Legislatura para implementar esta herramienta de manera responsable y efectiva.