El Consejo Federal Pesquero cede terreno: el buque británico James Cook opera sin autorización formal

La reciente autorización implícita del Consejo Federal Pesquero (CFP) para que el buque británico RRS James Cook realice actividades de investigación en aguas jurisdiccionales argentinas ha generado un fuerte rechazo. En un contexto de ocupación territorial por parte del Reino Unido, expertos señalan la incompetencia del CFP para emitir este tipo de avales y cuestionan las implicancias estratégicas de esta decisión.

El buque británico de investigación RRS James Cook, solicitado por la Embajada del Reino Unido, busca llevar a cabo proyectos en la plataforma continental argentina. Sin embargo, el Consejo Federal Pesquero (CFP) ha manifestado "no tener objeciones" para la operación, pese a que su competencia se limita estrictamente a la pesca, según lo estipulado en la Ley 24.922.

"En los aspectos relativos a su competencia, el Consejo no tiene objeciones que formular", reza el Acta 23/24 del CFP del 28 de noviembre de 2024. Esta posición fue adoptada por seis miembros, incluyendo representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que los dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional estuvieron ausentes. Por otro lado, provincias clave como Chubut y Buenos Aires expresaron su rechazo, citando el posible impacto ambiental sobre la ballena franca austral debido al uso de cañones sísmicos en el área de investigación.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), por su parte, informó que no participará en la campaña, limitándose a recibir datos recolectados. Mientras tanto, la Cancillería Argentina ha sorprendido al incluir a la Armada Argentina y a investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como observadores en el crucero británico, lo que refuerza las dudas sobre la gestión de esta autorización.

Según expertos, esta colaboración unilateral con el Reino Unido podría estar enmarcada en los acuerdos Foradori-Duncan (2016) y Mondino-Lammy (2024), que han sido duramente criticados por favorecer los intereses británicos en el Atlántico Suroccidental.

Además, el buque James Cook, que ya partió rumbo a Buenos Aires sin autorización formal, representa un desafío directo a la soberanía nacional. Este navío no solo lleva el nombre de un histórico colonizador británico, sino que también opera en un contexto de ocupación de territorios marítimos argentinos y la explotación ilegal de recursos pesqueros por parte del Reino Unido en las aguas de Malvinas.

El CFP no abordó en su acta las implicancias de esta situación en términos de soberanía y conservación de recursos pesqueros, obviando el impacto que este tipo de autorizaciones tiene en la presencia británica en la región. En un país donde las prioridades soberanas deberían ser innegociables, estas decisiones estratégicas recaen en un órgano que carece de competencia y visión sobre las implicancias geopolíticas de sus actos.

La falta de control sobre el Atlántico Suroccidental y la aparente inacción de los organismos nacionales plantean interrogantes profundos sobre la defensa de la soberanía argentina. ¿Es esta cooperación el reflejo de un país que acepta un destino impuesto?