
Fallo judicial ratifica la legalidad del Decreto de Reforma Constitucional
El fallo judicial que desestimó las denuncias contra el Decreto de Reforma Constitucional confirma su legalidad, según el abogado Raúl Paderne.
En diálogo con FM La Isla, Jorge Canals, Vicejefe de Gabinete de Tierra del Fuego, se refirió a la crisis del sistema penitenciario en la provincia y las medidas que se están tomando para paliar la situación.
Tierra del Fuego24/10/2024En diálogo con FM La Isla, Jorge Canals, Vicejefe de Gabinete de Tierra del Fuego, se refirió a la crisis del sistema penitenciario en la provincia y las medidas que se están tomando para paliar la situación. Canals destacó que la problemática carcelaria no es exclusiva de Tierra del Fuego, sino un desafío a nivel mundial y nacional, donde los recursos son limitados y las prioridades gubernamentales se centran en salud, educación y seguridad.
“La situación carcelaria es compleja, pero no es nueva. En Tierra del Fuego, solo contamos con una unidad penitenciaria en Río Grande y una alcaldía en Ushuaia, lo que ha generado la necesidad de buscar soluciones paliativas,” afirmó Canals.
Una de las medidas adoptadas es la construcción del anexo 4 en Ushuaia, que permitirá aliviar la sobrepoblación en la alcaldía. Según Canals, este nuevo espacio “descomprimirá en 24 o 25 lugares a los presos que hoy se encuentran en la alcaldía”. Asimismo, detalló que están trabajando en un anexo 2 en Río Grande, que sumará 60 plazas adicionales para la población carcelaria.
En relación al fallo del juez Manuel Isidoro López, Canals explicó que se enmarca en la crisis general del sistema penitenciario. “Este fallo pone sobre la mesa una discusión que involucra a todos los poderes del Estado. Es una problemática que requiere la participación conjunta del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial,” señaló el funcionario.
La situación penitenciaria en Tierra del Fuego también se ve afectada por el endurecimiento de las condenas para delitos intrafamiliares, como violaciones. “El mayor delito que tenemos en la provincia está ligado a cuestiones intrafamiliares. El endurecimiento de las penas ha aumentado la cantidad de presos y prolongado su permanencia en el sistema penitenciario,” sostuvo Canals.
Finalmente, el funcionario subrayó que la solución definitiva pasa por la construcción de una nueva cárcel, aunque el principal obstáculo es el financiamiento. “El costo de construir una cárcel ronda entre 2.500 y 2.300 dólares por metro cuadrado, lo que representa una inversión significativa. Estamos buscando alternativas, incluyendo la posibilidad de iniciativas público-privadas,” concluyó.
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