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La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una millonaria demanda contra empresas vinculadas con la actividad pesquera en las Islas Malvinas, en una causa impulsada por la Fundación Agustina Lerena que reclama una reparación económica de hasta US$26.465 millones por los presuntos daños ambientales, económicos y sociales derivados de la explotación de recursos marítimos en el Atlántico Sur. La resolución representa un primer avance judicial para los denunciantes, aunque todavía no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión ni sobre el pedido de suspensión de las actividades pesqueras cuestionadas.
La decisión fue adoptada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien reconoció la competencia del juzgado y la legitimación de los demandantes para promover una acción contra las compañías señaladas. Sin embargo, resolvió que el expediente no continúe bajo la figura de amparo, sino mediante un proceso ordinario, al considerar que la complejidad del caso requiere un análisis más amplio.
En su resolución, la magistrada tuvo en cuenta que la controversia involucra la protección del ecosistema marino y de distintas especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas próximas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. También consideró que el presunto daño ambiental denunciado tiene carácter interjurisdiccional, dado que sus consecuencias podrían extenderse más allá de las zonas donde operan las flotas pesqueras.
La presentación fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, a través del especialista en materia pesquera y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, César Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El reclamo apunta contra una red de empresas que desarrollarían actividades pesqueras bajo licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas.
Uno de los aspectos centrales de la demanda es la magnitud del perjuicio económico reclamado. La cifra oscila entre US$12.351 millones y US$26.465 millones, dependiendo del método de valuación utilizado para calcular el valor de las capturas realizadas entre 1989 y 2025. La estimación contempla diferentes criterios comerciales, entre ellos los precios FOB y los valores mayoristas, además de intereses, actualización monetaria y costas judiciales.
La acción judicial sostiene que la explotación pesquera denunciada se desarrolla desde hace décadas al margen de las autorizaciones argentinas y de las normas nacionales de conservación de los recursos marítimos. En ese sentido, solicita que las empresas demandadas sean condenadas a reparar los daños ocasionados y que se ordene el cese de las operaciones pesqueras cuestionadas en las aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Entre las compañías señaladas aparecen firmas españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones. La presentación también incluye a entidades financieras, bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios que habrían intervenido en la cadena económica de la actividad.
El planteo judicial incorpora argumentos vinculados con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. También invoca la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y distintos informes técnicos y estadísticas elaboradas por organismos especializados, entre ellos el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Otro de los puntos cuestionados son las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas algunas renovaciones por períodos de hasta 25 años, así como los esquemas societarios que contemplarían una participación mayoritaria de capitales vinculados con las islas.
En relación con el impacto ambiental, la denuncia sostiene que las especies capturadas en las aguas próximas a Malvinas también forman parte del ecosistema de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Por esa razón, advierte que la actividad de las flotas extranjeras no puede analizarse de manera aislada, ya que las especies migratorias y las cadenas alimentarias marinas conectan diferentes sectores del Atlántico Sur.
Antes de la resolución de la jueza, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendado hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los denunciantes. En su intervención, consideró que la actividad señalada podría provocar un daño ambiental profundo, sistémico y, en determinados casos, irreversible.
No obstante, la Justicia todavía debe resolver el pedido de medida cautelar que busca frenar las operaciones de las flotas denunciadas. Para avanzar con esa decisión, la magistrada deberá contar previamente con los informes requeridos y analizar los elementos incorporados al expediente.
En paralelo, la discusión sobre la explotación pesquera en Malvinas vuelve a instalarse en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago y el control de los recursos naturales del Atlántico Sur.
De esta manera, Río Grande se convierte en el escenario judicial de una controversia que excede el ámbito local y pone bajo análisis la explotación de los recursos pesqueros en aguas próximas a las islas. La admisión de la demanda abre una instancia para discutir los presuntos daños ambientales y económicos de décadas de actividad pesquera, aunque el alcance definitivo del reclamo y la posibilidad de detener las operaciones dependerán de las próximas resoluciones judiciales.
