La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas al emprendimiento.

La medida comprende distintas tareas necesarias para avanzar con la explotación hidrocarburífera. Entre ellas se encuentran la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina, conductos y sistemas de conducción, además de estructuras de fondeo y unidades flotantes destinadas a la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos. También alcanza el comienzo de la extracción comercial.

La cautelar fue solicitada en el marco de una acción preventiva por daño ambiental colectivo impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Días atrás, el mismo Juzgado Federal de Río Grande se había declarado competente para intervenir en la causa contra las petroleras.

Uno de los principales fundamentos de la resolución está relacionado con la ausencia de una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental informó que no se había iniciado un aviso de proyecto ni un procedimiento de evaluación con las empresas involucradas. La magistrada consideró que, ante una actividad susceptible de generar modificaciones ambientales relevantes, corresponde aplicar los principios preventivo y precautorio.

La resolución también contempla la dimensión vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, el tribunal sostuvo que la controversia no se limita únicamente a una cuestión ambiental, sino que involucra también un interés federal relacionado con la soberanía nacional.

Además de ordenar la suspensión de las obras, la Justicia intimó a Rockhopper y Navitas a presentar información sobre el estado actual del proyecto, el cronograma previsto, los pozos, contratistas y subcontratistas, fuentes de financiamiento, aseguradoras, estudios ambientales y planes de contingencia. También deberán preservar la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual y financiera relacionada con Sea Lion.

La medida tiene carácter cautelar y provisional y no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las empresas. La suspensión se mantendrá en los términos establecidos por el tribunal mientras se sustancia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas o hasta que el Juzgado Federal de Río Grande adopte una nueva decisión sobre su alcance.