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El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, se refirió a la causa judicial vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la competencia del tribunal fueguino sobre hechos ocurridos en las Islas Malvinas. En diálogo con FM Centro, fue contundente al referirse a la jurisdicción: “El juez de Malvinas es el Juzgado Federal de Río Grande”.
Vicente explicó que la jueza federal Mariel Borruto determinó en primer término la competencia de los juzgados federales argentinos sobre la zona donde se pretende desarrollar la explotación petrolera y, particularmente, estableció que corresponde al Juzgado Federal de Río Grande intervenir en esta causa. Aclaró además que se trata de una demanda civil enmarcada en el derecho ambiental.
El funcionario judicial remarcó que la intervención del tribunal riograndense en cuestiones relacionadas con Malvinas no constituye una novedad. Recordó que existen antecedentes tanto en materia penal como civil, entre ellos investigaciones por posibles torturas durante el conflicto bélico y actuaciones relacionadas con empresas vinculadas a la exploración petrolera.
Respecto de Sea Lion, explicó que el planteo está relacionado con la legitimidad de la explotación y con el eventual impacto ambiental que podría producir. La pretensión de los demandantes apunta a impedir que las empresas avancen con el emprendimiento y solicitaron una medida cautelar para detener las actividades mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En ese sentido, Vicente confirmó que las cautelares solicitadas buscan “impedir que continúen las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el sector”. La jueza deberá resolver ese pedido antes de avanzar posteriormente con el traslado de la demanda a las empresas involucradas.
Finalmente, explicó que cualquier decisión judicial que deba tener efectos sobre empresas que operan en Malvinas requerirá la intervención de Cancillería, debido a las implicancias internacionales del caso. El organismo nacional será el encargado de canalizar las comunicaciones necesarias ante otros Estados para intentar hacer efectivas las decisiones adoptadas por la Justicia argentina.
