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En comunicación con Radio Provincia, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Dr. Juan Manuel Vicente, explicó el alcance de la intervención de la Justicia Federal de Tierra del Fuego en la causa vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las cercanías de las Islas Malvinas. Además, detalló las dificultades que plantea la notificación a empresas extranjeras y el rol que tendrá la Cancillería Argentina.
En primer término, el Dr. Juan Manuel Vicente explicó que hasta el momento se presentó una demanda en materia civil por parte de dos organizaciones, una de excombatientes y otra de abogados ambientalistas, vinculada con una posible explotación petrolera en las cercanías de las Islas Malvinas.
“Lo que hubo hasta ahora fue una demanda, esto es en materia civil, de dos organizaciones, una de excombatientes, otra de abogados ambientalistas, con relación a una agredación petrolera que estaría teniendo lugar en las cercanías de las Islas Malvinas”, explicó.
El funcionario judicial señaló que la primera resolución de la jueza fue establecer que la cuestión debe tramitarse ante los tribunales argentinos y, específicamente, ante el Juzgado Federal de Río Grande: “Lo primero que resolvió la jueza al respecto es que la cuestión tiene que ser tramitada ante los tribunales argentinos porque es un territorio sometido a la soberanía argentina y en particular al Juzgado Federal de Río Grande”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que para el juzgado la intervención en causas relacionadas con Malvinas no representa una situación novedosa: “Para nosotros no es una novedad porque ya tenemos otras causas vinculadas con Malvinas”, afirmó.
El secretario del Juzgado Federal de Río Grande explicó que el fondo de la causa está relacionado con un posible daño ambiental y que las organizaciones demandantes solicitaron medidas cautelares: “El debate es una cuestión de una situación de un posible daño ambiental que es el fondo de la cuestión”, señaló.
Vicente explicó que las medidas cautelares buscan impedir que continúe una determinada actividad mientras se analiza el fondo del planteo: “Se solicitó por parte de las demandantes medidas cautelares, es decir, medidas tendientes a impedir que continúe esa explotación petrolera para evitar que se produzca un daño que no se pueda reparar con posterioridad”, detalló.
Sin embargo, aclaró que hasta el momento la jueza no emitió ninguna orden contra las empresas: “Insisto, hasta ahora no hay ninguna orden emitida de la jueza, simplemente declaró su competencia sobre esta cuestión”, remarcó.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el proceso tiene que ver con la comunicación de eventuales decisiones judiciales a empresas radicadas en el extranjero. Vicente explicó que, en causas anteriores relacionadas con empresas extranjeras y Gran Bretaña, el Juzgado Federal de Río Grande requirió la intervención de la Cancillería Argentina.
“Nosotros requerimos de la intervención de la Cancillería Argentina para que realice las comunicaciones, para que realice vía exhorto las comunicaciones tanto a las empresas privadas eventualmente como a los estados nacionales que tienen que brindar información que se solicite”, explicó.
El secretario judicial señaló que el escenario internacional agrega complejidad al proceso, debido a las distintas posiciones que existen respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
“Puede haber estados que reconocen la soberanía argentina sobre las islas, estados que no, y puede haber empresas que dependiendo de los capitales que tengan no estén dispuestas a considerar las órdenes que emita un juzgado federal de Argentina”, sostuvo.
Vicente remarcó que, ante un eventual incumplimiento de una decisión judicial por parte de empresas extranjeras, la cuestión podría exceder el ámbito estrictamente jurídico: “Ahí está la fuerza que tenga la comunidad internacional para hacer presión para que los estados reconozcan justamente nuestra soberanía y las empresas se acomoden a esa situación”, explicó.
En este marco, sostuvo que las próximas acciones dependerán de las decisiones que eventualmente adopte la Justicia y de la intervención diplomática que pueda realizar el Estado argentino: “Eventualmente si la jueza dicta alguna orden que implique hacer o no hacer o comunicar alguna de las medidas, vamos a requerir por supuesto de la buena predisposición de la Cancillería para hacer cumplir esto, para notificarlo y para hacerlo cumplir”, afirmó.
Vicente también explicó que la jueza solicitó a las partes demandantes que adecuaran algunos aspectos de la presentación para poder avanzar con el proceso y analizar las medidas cautelares solicitadas. Entre las cuestiones señaladas, mencionó documentación presentada en idioma inglés y enlaces a páginas web que podrían dejar de estar disponibles.
“Había unas cuestiones que estaban en idioma inglés en la demanda, otras cosas que eran links que remitían a páginas que hoy están pero mañana pueden no estar”, explicó.
Por ese motivo, indicó que se debe asegurar el contenido de esos sitios y traducir la documentación para incorporarla formalmente al expediente: “Hay que hacer todo un trabajo de sacar capturas, asegurar qué es lo que está en esas páginas para después eventualmente poder pedir información sobre ello y todos los textos que están en inglés tienen que ser traducidos”, sostuvo.
En relación con esto, Vicente destacó la importancia del idioma oficial dentro de los procesos judiciales argentinos: “Nuestro idioma es nuestra soberanía y nosotros tenemos que tramitar los expedientes en idioma nacional”, afirmó.
El secretario del Juzgado Federal de Río Grande explicó que la causa continuará por la vía de la Justicia argentina y que, ante una eventual decisión que requiera ser comunicada o ejecutada fuera del país, será necesaria la intervención de la Cancillería: “La cuestión internacional, el derecho internacional es complejo”, señaló.
Vicente remarcó que no existe una autoridad judicial universal por encima de los Estados y que cada país ejerce su jurisdicción dentro de su territorio: “No existe una jurisdicción universal, una jurisdicción que esté por encima de los estados, los estados son soberanos y cada uno hace cumplir su ley dentro de sus territorios”, explicó.
Por el momento, la causa continúa en una instancia inicial, con la competencia del Juzgado Federal de Río Grande reconocida y con las partes demandantes trabajando en las adecuaciones solicitadas antes de que la jueza pueda avanzar sobre las medidas cautelares.
