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En comunicación con Radio Provincia, el periodista, excombatiente de la Guerra de Malvinas y director del portal Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, analizó la demanda judicial presentada por el especialista César Lerena por la explotación de recursos pesqueros en las islas. Cuestionó la falta de acciones sobre esta actividad y sostuvo que la defensa de la soberanía debe incluir tanto los recursos petroleros como los pesqueros.
Guzmán explicó que desde 1989 se otorgan licencias de pesca en aguas de Malvinas a flotas extranjeras, entre ellas las de España, Taiwán y Corea del Sur. Según señaló, la actividad se sostiene a partir de permisos otorgados por las autoridades británicas en las islas: “Desde el 89 a la fecha, estamos hablando en un periodo de 37 años, pescan anualmente un volumen de 250.000 toneladas de recursos pesqueros”, afirmó.
En ese contexto, destacó la demanda presentada por el especialista César Lerena ante el Juzgado Federal de Río Grande, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesa. Según detalló, el escrito reúne documentación sobre la explotación pesquera y busca establecer la responsabilidad de las empresas involucradas.
“Han extraído aproximadamente unos 4 millones de toneladas de recursos pesqueros argentinos y fueguinos”, sostuvo Guzmán al referirse a las cifras incluidas en la presentación judicial.
El entrevistado remarcó, además, que parte de las empresas que operan en Malvinas también tienen actividad en la Argentina: “Lo que está haciendo el doctor Lerena es comprobando y demostrando cómo un grupo de empresas no solamente saquean Malvinas, sino que esas mismas empresas tienen licencia argentina”, expresó.
Y agregó: “Las dos cosas a la misma vez no es posible”.
La demanda, según explicó, tiene 112 páginas y no se limita a contabilizar los recursos extraídos, sino que también reclama una compensación económica. Guzmán indicó que el planteo supera los 12.500 millones de dólares y que el valor comercial estimado de los recursos alcanzaría los 26.000 millones de dólares.
“Esto ya deja de ser una suposición, sino que hay elementos suficientes como para avanzar”, señaló al mencionar la documentación sobre las capturas y los valores internacionales de comercialización.
Guzmán también cuestionó que la legislación impulsada por el Gobierno nacional en materia de defensa de la soberanía contemple la actividad petrolera, pero no incluya medidas equivalentes para la pesca: “El gobierno nacional, además de haber avanzado como corresponde a la cuestión petrolera, no ha avanzado a la cuestión pesquera”, afirmó.
Como antecedente, recordó que en 2022 el entonces secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, había advertido en España sobre empresas que operaban en las islas. Sin embargo, según relató, después de esas reuniones no se concretaron denuncias en la Argentina.
“Absolutamente llamativo”, resumió Guzmán sobre aquella situación.
Finalmente, sostuvo que la explotación pesquera representa una parte central de los ingresos de la administración británica en las islas. Según indicó, entre el 58% y el 60% de sus ingresos corrientes provienen de ese recurso. Por eso, consideró necesario avanzar judicialmente y acompañar la demanda con decisiones políticas que involucren a las autoridades nacionales y provinciales.
