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El Gobierno nacional declaró “Secreto Militar” las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, exceptúa el procedimiento de las disposiciones sobre publicidad y difusión de sus actuaciones. El anuncio se conoce en un contexto de debate sobre la defensa nacional y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, aunque el decreto no establece una relación directa entre la compra y esa controversia.
La norma alcanza a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente administrativo EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD, correspondiente al Ministerio de Defensa.
Según los fundamentos del decreto, la cartera consideró que la naturaleza, las características y la finalidad del proceso de adquisición justifican que su contenido sea conocido únicamente por personas autorizadas.
El Gobierno argumentó que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación.
Sin embargo, el texto publicado no identifica el tipo de equipamiento que se pretende adquirir, su costo, el proveedor involucrado ni la fuerza militar que recibirá el material.
De esta manera, la operación podrá tramitar bajo el régimen de secreto militar, sin que los organismos contratantes deban cumplir con las disposiciones generales de publicidad y difusión de las actuaciones correspondientes al procedimiento de compra.
La disposición contiene tres artículos principales que determinan el alcance de la medida. El artículo 1° declara secreto militar, en los términos del Decreto 9390/1963, las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente del Ministerio de Defensa.
El artículo 2° autoriza a la cartera a instrumentar las medidas necesarias para concretar la decisión mediante la Subsecretaría de Gestión Administrativa.
Por su parte, el artículo 3° dispone la comunicación, publicación y archivo de la norma. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa intervino en el trámite administrativo.
Para fundamentar la decisión, el Poder Ejecutivo recurrió a distintas normas que regulan la defensa nacional y la adquisición de equipamiento militar. Entre ellas se encuentra el Decreto 9390/1963, que contempla como asuntos sujetos a secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones, construcciones y cuestiones vinculadas con sus negociaciones y trámites, cuando resultan fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
También se citó la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece como objetivos proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Argentina.
A su vez, la Ley 24.948, relacionada con la reorganización del sistema de defensa, asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades en la evaluación y decisión sobre los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.
Sobre la base de ese marco normativo, el Gobierno consideró que correspondía mantener bajo reserva las actuaciones vinculadas con la adquisición identificada en el expediente.
La publicación del decreto permite confirmar que el Ministerio de Defensa cuenta con autorización para avanzar con el procedimiento bajo el régimen de secreto militar. Sin embargo, la información difundida oficialmente es limitada respecto de las características concretas de la operación.
Hasta el momento, el texto no detalla:
Tampoco permite establecer si se trata de armamento, vehículos, sistemas de vigilancia, tecnología de comunicaciones u otra clase de equipamiento.
Por lo tanto, cualquier identificación del material o de su destino específico sería especulativa mientras no se conozcan nuevos datos oficiales.
La medida se conoce en un escenario en el que la defensa de la soberanía y las capacidades militares argentinas forman parte de la agenda pública, especialmente por la controversia con el Reino Unido por las Islas Malvinas.
No obstante, el Decreto 1205/2026 no menciona expresamente a Malvinas ni vincula la adquisición con un sistema de armas o una necesidad operativa específica relacionada con el archipiélago.
La relación entre la compra reservada y las capacidades militares destinadas a la defensa del territorio nacional no puede determinarse a partir del documento publicado. En consecuencia, el alcance estratégico de la adquisición permanece sin aclarar públicamente.
Con la firma del decreto, el Ministerio de Defensa quedó habilitado para instrumentar los actos administrativos necesarios para llevar adelante la adquisición bajo el régimen de secreto militar.
La principal consecuencia de la medida es que las actuaciones contractuales vinculadas con el procedimiento quedarán exceptuadas de las reglas generales de publicidad y difusión.
Por el momento, el Gobierno no difundió información adicional sobre el equipamiento, el presupuesto ni las condiciones de contratación. La identificación del material y el alcance concreto de la operación continúan siendo los principales interrogantes que deja la publicación de la norma.
