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El Gobierno argentino denunció ante la Justicia Federal a Thales UK Ltd. por dos vuelos que habría realizado entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades aeronáuticas nacionales.
La presentación fue impulsada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, y quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. La investigación fue delegada en el fiscal Ramiro González, quien solicitó información adicional al organismo aeronáutico.
Además, la ANAC pidió el decomiso del avión utilizado en las operaciones y el Gobierno analiza posibles sanciones contra la compañía.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones se habrían llevado a cabo el 19 y el 24 de septiembre de 2026, con una aeronave de matrícula británica G-FPLD.
El primer trayecto habría conectado Punta Arenas, en la región chilena de Magallanes, con Puerto Argentino. Cinco días después, el avión habría realizado el recorrido inverso, completando una operación de ida y vuelta.
La ANAC sostiene que los vuelos se efectuaron sin tramitar los permisos correspondientes y que la compañía había recibido advertencias previas sobre la falta de autorización para realizar esas operaciones.
El expediente deberá determinar si existieron infracciones a las normas aeronáuticas y de circulación transfronteriza, así como establecer las eventuales responsabilidades de la empresa.
Uno de los aspectos que forman parte de la investigación es la posibilidad de que los vuelos hayan estado vinculados con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser investigada y acreditada judicialmente. Hasta el momento, la denuncia no implica que se haya demostrado una relación entre las operaciones aéreas y actividades petroleras en el archipiélago.
La solicitud de decomiso apunta a la aeronave involucrada, un Beechcraft B200 Super King Air, un avión bimotor turbohélice utilizado habitualmente en tareas de inspección de sistemas de navegación aérea.
Consultada por el caso, Thales Argentina confirmó que la aeronave pertenece a la compañía, aunque evitó brindar detalles sobre el propósito de los vuelos al invocar obligaciones de confidencialidad relacionadas con sus contratos.
El grupo Thales desarrolla actividades internacionales en sectores como defensa, comunicaciones, ciberseguridad y tecnología aplicada a organismos públicos.
En Argentina, la compañía mantiene vínculos comerciales con organismos estatales y cuenta con antecedentes de provisión de tecnología para las Fuerzas Armadas, incluidos sistemas de vigilancia y equipamiento para mejorar las capacidades de detección. También presta servicios a organismos civiles en áreas como la identificación y la documentación electrónica.
A su vez, la multinacional tiene presencia en el mercado británico de defensa y brinda servicios tecnológicos relacionados con instalaciones militares del Reino Unido.
Esta combinación de relaciones comerciales quedó bajo análisis a partir de la denuncia por las operaciones aéreas hacia las islas, aunque por sí sola no demuestra la existencia de una conducta ilegal.
La presentación judicial se suma a las medidas que el Gobierno nacional había anticipado a fines de septiembre, cuando anunció que avanzaría con procedimientos administrativos, acciones judiciales y gestiones diplomáticas por los vuelos atribuidos a Thales UK Limited.
Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que se realizaron los trayectos, si existieron incumplimientos de las normas vigentes y qué responsabilidades podrían corresponder.
La causa permanece bajo investigación y será la Justicia la que determine si hubo irregularidades y si corresponde aplicar sanciones o disponer el decomiso de la aeronave.
