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El conflicto salarial en el Poder Judicial de Tierra del Fuego sumó nuevas medidas de protesta esta semana, con ceses de actividades, retenciones de servicios y asambleas en Ushuaia y Río Grande. Los sindicatos denuncian una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30% desde 2023, cuatro meses sin recomposición durante 2026 y la falta de una instancia formal de negociación colectiva.
Las medidas de fuerza son impulsadas por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (SEJUP), que plantean que el conflicto excede la discusión por los aumentos salariales e incluye cuestionamientos a la distribución de los recursos, las condiciones de negociación y las posibilidades de ascenso dentro de la estructura judicial.
El secretario general de la UEJN en Tierra del Fuego, Federico Villone, sostuvo que durante 2026 hubo cuatro meses sin aumentos y cuestionó el reparto de la masa salarial del Poder Judicial.
“Entre el 85 y el 90 por ciento del presupuesto se destina a salarios. El problema es ahondar un poquito y ver de qué manera se distribuye”, afirmó. Según los datos expuestos por el dirigente, el 60% de la masa salarial se destina al 40% de funcionarios y magistrados, mientras que el 40% restante se distribuye entre el 60% de los trabajadores.
A partir de ese diagnóstico, los gremios reclamaron al Superior Tribunal de Justicia una revisión de los criterios de asignación de recursos y mayores garantías de equidad salarial. Villone sostuvo que el objetivo es obtener una recomposición que permita recuperar ingresos y mejorar las condiciones de desarrollo profesional de los empleados.
Otro de los ejes centrales del conflicto es la falta de paritarias y de un convenio colectivo de trabajo, según denunciaron las organizaciones sindicales.
Los representantes gremiales señalaron que las decisiones salariales se resuelven mediante negociaciones entre el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo, sin una instancia institucional de negociación colectiva con participación de los trabajadores.
En ese contexto, sostuvieron que contar con paritarias permitiría discutir no solo los salarios, sino también las condiciones laborales y la carrera judicial.
“Las paritarias nos dan las herramientas para negociar el salario y la misma carrera judicial”, expresaron durante una conferencia de prensa. También cuestionaron que, sin ese mecanismo, las organizaciones quedan frente a propuestas de recomposición que consideran insuficientes.
Los sindicatos estimaron que el deterioro de los ingresos se profundizó durante los últimos años. De acuerdo con los cálculos presentados por los representantes gremiales, la pérdida salarial acumulada se ubica entre el 20% y el 22% durante 2023 y 2024, a lo que se sumaría una caída adicional de aproximadamente el 9% en 2026.
Sobre esa base, los trabajadores calculan que el retroceso del poder adquisitivo ronda el 30%, aunque se trata de una estimación presentada por los gremios y no de una cifra verificada de manera independiente.
Villone advirtió que el deterioro alcanza a distintas categorías del escalafón judicial y remarcó la necesidad de avanzar en una recomposición que permita recuperar el salario real.
Las organizaciones también plantearon objeciones a los mecanismos de ingreso, concursos y ascensos dentro del Poder Judicial fueguino.
Según expusieron, existen diferencias en las posibilidades de progresar entre distintos sectores, con mayores dificultades para trabajadores de primera instancia y de áreas administrativas. Además, manifestaron preocupación por eventuales modificaciones reglamentarias que podrían extender los plazos necesarios para acceder a determinadas categorías.
Por ese motivo, reclamaron mayor equidad en la carrera judicial, junto con reglas claras para el ingreso y la promoción del personal.
El plan de lucha contempla cuatro jornadas de protesta, con ceses de actividades desde el mediodía, retenciones de servicios y asambleas en las distintas dependencias judiciales.
Los gremios advirtieron que, si no obtienen respuestas a sus planteos, podrían profundizar las medidas durante la próxima semana.
El conflicto permanece abierto y combina reclamos salariales con cuestionamientos al sistema de negociación y a las condiciones de desarrollo laboral dentro de la Justicia provincial.
Al cerrar la conferencia, Villone sintetizó la posición sindical con una definición sobre el vínculo entre las condiciones laborales y el funcionamiento institucional: “Sin salario real no hay independencia judicial posible”.
