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El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional incorpora una proyección de aumento nominal de los salarios del 25,4%, frente a una inflación estimada del 18% a diciembre del próximo año. Bajo esos supuestos, los ingresos de los trabajadores registrarían una recuperación en términos reales.
La cifra también aparece como una referencia para el escenario de las negociaciones paritarias, en un contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, viene sosteniendo que los acuerdos salariales deben guardar relación con la evolución de los precios y con el proceso de desaceleración inflacionaria que plantea el Gobierno.
El dato adquiere relevancia porque, según el análisis, desde octubre del año pasado el índice salarial del INDEC correspondiente a los trabajadores del sector formal viene registrando una variación interanual inferior al IPC.
Una de las principales señales que surgen del proyecto presupuestario es la expectativa oficial de una recuperación del salario real. El Gobierno estima que los salarios tendrán durante 2027 una variación nominal del 25,4%, mientras que la inflación se ubicaría en 21,1% en promedio durante el año y finalizaría diciembre con una variación interanual del 18%.
La diferencia entre ambas variables implicaría, bajo el escenario proyectado, una mejora del poder adquisitivo de los asalariados.
Sin embargo, el propio Gobierno aclara que la estimación salarial no debe ser interpretada como una predicción ni como una pauta obligatoria para las negociaciones entre trabajadores y empleadores.
Aun así, el análisis plantea que la cifra puede funcionar como una señal para sindicatos y empresas respecto del rango de aumentos que la administración considera compatible con sus objetivos de inflación.
Las proyecciones oficiales también permiten observar cuál sería la trayectoria de precios que el Gobierno espera para 2027. Según el escenario planteado, la inflación mensual comenzaría el año en torno del 1,8%, descendería hasta aproximadamente 1,6% hacia el final del primer semestre y terminaría 2027 en torno del 1,4% mensual.
En consecuencia, si se mantiene la política salarial aplicada hasta ahora, las negociaciones paritarias podrían tomar esa evolución como referencia.
El análisis sostiene que el Gobierno buscaría evitar acuerdos con aumentos nominales que se alejen significativamente de sus previsiones de inflación. En ese marco, la proyección del 18% anual a diciembre podría convertirse en uno de los principales argumentos oficiales durante las negociaciones.
Aunque el Gobierno sostiene formalmente que las empresas y los trabajadores tienen libertad para negociar sus salarios, durante la gestión de Javier Milei hubo distintos episodios en los que el Poder Ejecutivo intervino en las discusiones salariales.
Uno de los primeros casos tuvo como protagonista al sindicato de Camioneros, cuando un acuerdo ya firmado con las cámaras empresariales no recibió inicialmente la homologación de la Secretaría de Trabajo.
En aquel momento, Caputo cuestionó los porcentajes acordados y defendió la necesidad de que los incrementos fueran compatibles con la evolución de la economía.
“Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía”, había señalado el ministro.
A partir de ese episodio, según el análisis, el Gobierno comenzó a establecer referencias salariales en función de las expectativas oficiales de inflación.
La estrategia oficial se relaciona con uno de los principales objetivos económicos del Gobierno: reducir la indexación de precios y salarios. La lógica planteada es que, si los trabajadores negocian aumentos tomando como referencia una inflación pasada o una expectativa elevada de inflación futura, las empresas podrían trasladar esos mayores costos a los precios, dificultando el proceso de desinflación.
En esa línea, el Gobierno buscó que las paritarias se negociaran tomando como referencia la evolución esperada del IPC.
Durante 2026, por ejemplo, la referencia planteada por el Ejecutivo fue que los acuerdos no se alejaran de incrementos nominales cercanos al 2% mensual, en línea con la expectativa oficial de inflación para ese período.
El objetivo declarado era evitar que los acuerdos salariales generaran una dinámica de aumentos que terminara trasladándose nuevamente a los precios.
El principal interrogante sobre esta estrategia es qué ocurre si la inflación efectiva termina siendo superior a la prevista. El proyecto de Presupuesto 2027 estima una inflación del 18% a diciembre, pero el análisis advierte que existen diferencias con las expectativas del mercado.
En particular, el Relevamiento de Expectativas de Mercado de agosto mencionado en el artículo proyectaba una inflación cercana al 20,5% para 2027.
La diferencia puede parecer acotada, pero adquiere importancia cuando se traslada a las negociaciones salariales.
Si los aumentos se pactan tomando como referencia una inflación menor a la que finalmente se registra, los salarios pueden perder poder adquisitivo y posteriormente requerir cláusulas de revisión o compensaciones.
Otro elemento señalado en el análisis es que 2027 será un año electoral. Ese contexto podría generar presiones adicionales sobre distintas variables económicas y abrir cierto margen de negociación, especialmente en el sector público, cuyos trabajadores estuvieron entre los más afectados por el ajuste aplicado durante los primeros años de la gestión.
El artículo plantea además que algunos economistas consideran que el escenario electoral podría generar una mayor dolarización de los ahorros y una caída de la demanda de pesos, factores que podrían impactar sobre la evolución de los precios.
Se trata, en este caso, de expectativas y escenarios planteados por distintos analistas, no de hechos confirmados.
Las dudas sobre las proyecciones oficiales también se relacionan con los antecedentes recientes. El año pasado, el Gobierno había enviado un Presupuesto que proyectaba que 2026 finalizaría con una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5% del PBI.
Sin embargo, la evolución posterior de los precios hizo que esa previsión quedara rápidamente desactualizada.
A pesar de ello, las primeras negociaciones paritarias se habían iniciado tomando como referencia aumentos cercanos al 1,5% mensual, que luego fueron complementados con cláusulas compensatorias.
Según los datos incluidos en el análisis, durante el primer semestre los salarios del sector formal acumularon una mejora nominal del 15,4%, frente a una inflación del 16,9%. Esto significó que los ingresos quedaron por debajo de la evolución de los precios durante ese período.
El artículo también recupera un antecedente de la gestión de Martín Guzmán para mostrar los riesgos que puede implicar una proyección de inflación que posteriormente no se cumple.
En 2022, el entonces ministro de Economía había proyectado una inflación del 40% anual. El sector público otorgó ese año aumentos del 45%, con el objetivo de que funcionaran como referencia para el resto del mercado laboral.
Sin embargo, el IPC terminó registrando una variación anual del 94,8%, mientras que los salarios aumentaron un 90%.
El resultado fue una pérdida del poder adquisitivo pese a que, sobre el papel, los incrementos salariales inicialmente proyectados aparecían por encima de la inflación prevista.
El antecedente es utilizado en el análisis para plantear que una proyección oficial de inflación puede convertirse indirectamente en una referencia para las paritarias, pero que el resultado final dependerá de la inflación efectiva.
El eje de la discusión para 2027 estará entonces en la diferencia entre salarios nominales, inflación proyectada e inflación efectiva. Si se cumple el escenario oficial, el aumento salarial del 25,4% superaría tanto la inflación promedio anual proyectada del 21,1% como la variación interanual prevista del 18% a diciembre.
En ese escenario, habría una recuperación del poder adquisitivo.
Pero si la inflación termina siendo superior a las previsiones oficiales, esa mejora podría reducirse o incluso desaparecer, dependiendo de los aumentos que finalmente obtenga cada sector.
Por eso, el porcentaje incluido en el Presupuesto no representa un aumento obligatorio para todos los trabajadores. Se trata de una estimación sobre la evolución del salario medio dentro del escenario macroeconómico que el Gobierno espera para 2027.
La discusión que se abre con el Presupuesto no se limita a una cifra salarial. La proyección de 25,4% de aumento nominal frente a una inflación de 18% a diciembre establece el escenario económico que el Gobierno espera para el próximo año y, al mismo tiempo, ofrece una referencia para las discusiones salariales.
La administración de Milei ya mostró en años anteriores su intención de que las paritarias acompañen el proceso de desinflación y no generen aumentos que, desde su perspectiva, puedan trasladarse posteriormente a los precios.
El desafío será determinar si la inflación efectivamente se comporta como proyecta el Gobierno y si las negociaciones salariales logran acompañar esa evolución.
En definitiva, el 25,4% proyectado para los salarios no es una pauta paritaria, pero sí forma parte de un escenario oficial en el que el Gobierno espera una inflación descendente y una recuperación del poder adquisitivo.
La evolución real de los precios durante 2027 será, finalmente, la variable que determine cuánto de esa recuperación proyectada llega efectivamente al bolsillo de los trabajadores.
