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Por primera vez en los 17 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), el cuerpo docente lleva adelante un paro local sin toma de exámenes. La medida, definida en Asamblea Docente con amplia participación, se desarrolla desde el 15 hasta el 19 de septiembre inclusive, registrando un alto nivel de adhesión en rechazo a las recientes medidas del Consejo Superior.
El conflicto gremial se originó a raíz de la aprobación de la Ordenanza C.S. Nº 2/2026, titulada “Reglamento para la Gestión de Jubilaciones de la UNTDF”. Según advirtió la Asociación de Docentes de la Universidad de Tierra del Fuego (AFUDI), la aplicación de esta normativa a partir del 1º de octubre podría dejar a docentes de 70 años sin percepción de salario mientras continúan a la espera de la tramitación y otorgamiento definitivo de su beneficio jubilatorio.
Asimismo, el sindicato denunció que la disposición afecta concursos vigentes, vulnera derechos sindicales, académicos e institucionales, y puede interrumpir de manera abrupta —a mitad del cuatrimestre— el dictado de asignaturas a cargo del personal afectado, generando consecuencias directas tanto para los trabajadores como para el estudiantado.
Otro de los puntos de extrema gravedad señalados por la entidad gremial radica en que la medida alcanza a representantes docentes con tutela gremial, cuya estabilidad se encuentra especialmente protegida por la legislación vigente, la cual prohíbe suspensiones, despidos o modificaciones en sus condiciones laborales sin una resolución judicial previa de exclusión de garantía.
El malestar docente se profundizó tras las declaraciones del rector Mariano Hermida durante la 100ª Sesión Ordinaria del Consejo Superior, celebrada el pasado 11 de septiembre, en la cual vinculó las manifestaciones públicas de disconformidad y los carteles de protesta con el riesgo de una supuesta “balcanización” de la universidad.
Desde AFUDI repudiaron dichos conceptos al señalar que expresar públicamente una postura, criticar decisiones institucionales y visibilizar las responsabilidades de las autoridades forma parte esencial de la vida democrática universitaria, la libertad sindical y la libertad de expresión. Desde la perspectiva gremial, la integración institucional no exige silenciar el conflicto, sino reconocerlo y generar los canales de diálogo necesarios para su resolución en el ámbito de la Paritaria Particular.
Finalmente, el gremio ratificó su defensa irrestricta de la universidad pública y su rechazo a las políticas de ajuste nacional, aclarando que dicha defensa también implica cuestionar aquellas normativas internas que vulneren los derechos laborales de los trabajadores docentes.
