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El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó al canciller Pablo Quirno para que el Gobierno de Javier Milei intervenga ante el proyecto de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.
A través de una carta documento, la organización reclamó a Cancillería que adopte medidas diplomáticas y administrativas frente a la iniciativa y exigió una respuesta y un accionar en un plazo de 72 horas desde la recepción de la intimación.
El CECIM sostiene que la nueva conexión comercial podría facilitar actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, particularmente con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
El proyecto fue anunciado a comienzos de septiembre y contempla una conexión entre Punta Arenas y las Islas Malvinas para el traslado de distintos productos. Según la información citada por los excombatientes, la carga podría incluir alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.
La organización también advierte que el trayecto desde Punta Arenas permitiría reducir considerablemente las distancias respecto del abastecimiento que actualmente llega desde Uruguay, lo que podría favorecer la logística hacia las islas.
En su presentación, el CECIM pidió al Gobierno argentino realizar protestas diplomáticas ante Chile y el Reino Unido y avanzar con procedimientos contra las empresas que participen de la operatoria logística y comercial.
El reclamo alcanza a compañías vinculadas con el transporte, agenciamiento, estiba, aprovisionamiento, seguros, reaseguros y otros servicios logísticos relacionados con la ruta denunciada.
La entidad también solicitó aplicar las herramientas previstas en la Ley 26.659 y sus modificaciones, vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas cuya soberanía reclama la Argentina, y pidió utilizar el Decreto 868/2026, que designa a Cancillería como autoridad de aplicación.
Además, reclamó que se comunique una eventual nómina de infractores a organismos como ARCA, la Secretaría de Energía, la Administración General de Puertos y autoridades portuarias provinciales, con el objetivo de impedir la prestación de determinados servicios a la cadena denunciada.
El escrito también solicita intervenir ante Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, la CELAC y los países de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, además de instruir a la Prefectura Naval Argentina respecto de las autorizaciones previstas para determinadas operaciones vinculadas con las Islas Malvinas.
La presentación del CECIM no constituye una resolución administrativa ni demuestra que las empresas señaladas hayan cometido una infracción, sino que expresa el reclamo de la organización de excombatientes para que el Gobierno argentino intervenga frente al proyecto.
La intimación se suma a los cuestionamientos que el CECIM viene realizando sobre la política exterior del Gobierno de Milei y su posición respecto de la soberanía argentina sobre Malvinas y los recursos naturales del Atlántico Sur.
La organización cerró su presentación con una advertencia sobre la necesidad de utilizar las herramientas legales disponibles para defender los intereses argentinos: “La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia”.
