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La crisis industrial volvió a generar despidos y cierres de establecimientos en distintos puntos del país. Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mientras que Unilever cerró una fábrica histórica en Mendoza y dejó a 60 empleados sin trabajo.
La empresa Granja Tres Arroyos resolvió desvincular a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre una dotación total de aproximadamente 900 empleados.
La compañía atribuyó la decisión a una fuerte caída de la actividad, que vinculó principalmente con las restricciones a las exportaciones derivadas de los brotes de influenza aviar y el impacto que tuvieron sobre los mercados internacionales, especialmente China.
En los telegramas enviados a los trabajadores, la empresa sostuvo que la decisión responde a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad.
Según argumentó Granja Tres Arroyos, los brotes de influenza aviar provocaron el cierre y restricciones de acceso a mercados internacionales, lo que generó una reducción de las exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno, una caída de los precios y un incremento de los costos de explotación.
La compañía también mencionó contingencias operativas y conflictos colectivos que, según su versión, afectaron el normal desarrollo de la actividad y profundizaron la disminución de la producción y de los niveles de faena.
En el mismo comunicado, Granja Tres Arroyos aseguró que había implementado distintas medidas para intentar preservar la continuidad de la actividad y mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
“La empresa adoptó diversas medidas tendientes a preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, procurando adecuar sus operaciones al nivel real de actividad”, sostuvo.
Sin embargo, la compañía afirmó que esas medidas fueron insuficientes para revertir la situación y que resultó necesaria una reestructuración parcial de la organización y una reducción de la dotación de personal.
La empresa argumentó que la medida busca posibilitar la continuidad de la actividad y preservar las fuentes de trabajo restantes.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) expresó su rechazo a los despidos y calificó el accionar empresarial como “artero e insensible” frente a la situación económica que atraviesan los trabajadores.
Desde el gremio cuestionaron que la empresa avance con desvinculaciones masivas y sostuvieron que la decisión profundiza la crisis.
“La empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”, afirmaron.
La organización sindical señaló además que entre los trabajadores despedidos se encuentran delegados de personal.
Otro de los puntos planteados por FTIA fue la situación salarial de los trabajadores, quienes, según el gremio, vienen soportando más de cinco quincenas de salarios atrasados.
“Los trabajadores vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”, remarcaron.
El sindicato también cuestionó la posibilidad de que los trabajadores terminen funcionando como una variable de ajuste.
“No queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra Concursal”, enfatizó FTIA.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay también cuestionaron los argumentos utilizados por la empresa para justificar las desvinculaciones.
Julio Chamorro, secretario General del gremio en esa localidad, sostuvo que la situación planteada por la compañía no constituye una causa válida para avanzar con los despidos.
“No hay jurisprudencia que justifique esa fuerza mayor. Entendemos que es totalmente improcedente el despido”, señaló.
El dirigente consideró que la empresa presenta como fuerza mayor una situación que, desde la perspectiva sindical, corresponde al riesgo propio de la actividad empresarial.
A la situación de Granja Tres Arroyos se suma el cierre de una histórica planta de Unilever en Mendoza, que provocó la desvinculación de 60 trabajadores.
Se trata de una fábrica de vegetales deshidratados ubicada en Corralitos, Guaymallén, que funcionaba desde hacía 62 años y que desde 2005 era operada por Unilever.
La planta contaba con tres líneas de producción destinadas principalmente a abastecer a la marca Knorr.
La decisión tomó por sorpresa al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). Según explicó el titular del gremio, Oscar Aciar, los trabajadores fueron informados de la medida durante la madrugada.
“A las 5 de la mañana empezaron a llamar a la gente para que no se presentara a trabajar”, relató.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato está relacionado con el destino de la producción que se realizaba en la planta mendocina.
Según se indicó, la producción de vegetales deshidratados destinada a Knorr sería reemplazada por productos importados.
El gremio sostiene que Unilever se comprometió a pagar las indemnizaciones completas a los 60 trabajadores, además de algunas sumas adicionales.
Para el sindicato, este aspecto demostraría que el cierre no estaría vinculado con una imposibilidad económica de la compañía, sino con una decisión empresarial de modificar su modelo de negocio.
La empresa, por su parte, aseguró que el cierre de la planta no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni el desarrollo de la marca Knorr.
“La decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país”, sostuvo la compañía.
Los casos de Granja Tres Arroyos y Unilever presentan situaciones diferentes, pero tienen un punto en común: el impacto sobre el empleo industrial.
En Entre Ríos, la empresa atribuyó los 250 despidos a la caída de la actividad, las restricciones a las exportaciones y el deterioro de sus condiciones económicas y productivas.
En Mendoza, en cambio, Unilever decidió cerrar una planta con 62 años de historia y reemplazar la producción local vinculada a Knorr por productos importados, según plantearon desde el gremio.
En total, ambas situaciones afectan a 310 trabajadores y vuelven a instalar el debate sobre el futuro de la producción nacional, las importaciones y el sostenimiento de los puestos de trabajo industriales.
