19640 Noticias
La intervención del Puerto de Ushuaia volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional luego de que C5N emitiera ayer un informe en vivo sobre el conflicto que se inició tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de tomar el control administrativo de la terminal. El informe puso bajo la lupa el manejo del puerto, las contrataciones realizadas durante la intervención, el desplazamiento de trabajadores y los cuestionamientos planteados desde Tierra del Fuego.
Ubicado sobre la costa norte del Canal de Beagle, el Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para la provincia por su actividad turística, comercial y antártica. Según los datos difundidos, recibe alrededor de 700 buques y 250.000 turistas por año y genera una rentabilidad estimada en $22.000 millones.
El 20 de enero, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. De acuerdo con el informe, la medida fue fundamentada en supuestas irregularidades financieras y estructurales.
La decisión generó un conflicto con las autoridades de Tierra del Fuego, que recurrieron a la Justicia para intentar impugnar la intervención.
Desde la provincia cuestionaron que Nación haya asumido el control de una terminal considerada estratégica para el desarrollo económico y turístico fueguino.
En ese marco, el informe emitido por C5N puso especial atención en el manejo de los recursos generados por el puerto y en las decisiones adoptadas desde que comenzó la intervención.
Uno de los puntos señalados durante el informe fueron las contrataciones realizadas por la intervención.
Entre los casos mencionados aparece el servicio de limpieza, cuyo costo habría pasado de $6,5 millones a $563 millones en un semestre.
El incremento fue presentado como uno de los elementos que alimentan las denuncias y cuestionamientos sobre la administración de la terminal portuaria.
La intervención también tuvo consecuencias sobre el personal que trabajaba en el puerto. Según el informe, 140 trabajadores fueron desplazados y aguardan una resolución judicial para poder regresar a sus puestos.
La situación generó protestas y reclamos dentro de la terminal.
Uno de los trabajadores afectados describió ante la prensa la manera en que se produjo el desalojo y expresó su angustia al señalar que fue tratado “como si fuera una basura”.
El periodista Guillermo Worman también se refirió a las restricciones para ingresar al puerto y afirmó durante el informe: “La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy”.
Más allá de la disputa administrativa, el informe puso el foco en la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia.
Su ubicación sobre el Canal de Beagle, a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas, y su condición de puerta de entrada a la Antártida le otorgan un papel central en la actividad marítima de la región.
A esto se suma el movimiento turístico. La terminal recibe aproximadamente 700 buques por año y unos 250.000 turistas, convirtiéndose en uno de los principales puntos de ingreso de cruceros a la provincia.
Según los datos difundidos, la actividad genera además una rentabilidad estimada en $22.000 millones, cuyo destino es uno de los puntos que genera cuestionamientos en torno a la intervención.
Otro de los aspectos abordados por C5N estuvo relacionado con la presencia estadounidense en la zona. El informe señaló que seis días después de la intervención, un avión militar de Estados Unidos con congresistas de ese país aterrizó en Ushuaia.
A partir de ese episodio, se plantearon interrogantes sobre posibles intereses logísticos y militares vinculados con la ubicación estratégica de Tierra del Fuego y el acceso a la Antártida.
Estas cuestiones fueron presentadas dentro del informe como parte de las sospechas y cuestionamientos alrededor del nuevo escenario generado tras la intervención.
El informe también mencionó a empresarios y funcionarios al analizar los posibles intereses económicos vinculados con la actividad portuaria.
Entre los nombres mencionados aparecen Nicolás Caputo y Gustavo Elías, en relación con posibles negocios privados en la zona.
También se hizo referencia a Iñaki Arreseygor, director nacional de Puertos, por sus vínculos previos señalados con el grupo Mirgor.
Asimismo, el informe mencionó al interventor del puerto, Fernando Ariel Polici, y recordó denuncias previas por presuntas irregularidades durante su paso por el PAMI de Tierra del Fuego.
Estos señalamientos forman parte de los cuestionamientos difundidos en el informe y no implican por sí mismos la comprobación de irregularidades.
La emisión de C5N volvió a instalar a nivel nacional la discusión por el futuro del Puerto de Ushuaia, mientras la disputa institucional y judicial continúa abierta.
El conflicto combina reclamos de las autoridades provinciales, la situación de los 140 trabajadores desplazados, cuestionamientos sobre las contrataciones y una discusión más amplia sobre quién debe administrar los recursos generados por una terminal considerada estratégica para Tierra del Fuego.
Mientras la Justicia analiza los planteos realizados, la intervención mantiene bajo control nacional una infraestructura que concentra una parte significativa de la actividad turística y antártica de la provincia.
