19640 Noticias
El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 que intervino en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, defendió la sentencia dictada en la causa Vialidad y sostuvo que el proceso respetó las garantías constitucionales y el debido proceso. Además, cuestionó el reclamo presentado por Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y consideró que ese planteo presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
Durante una entrevista, Gorini calificó al caso Vialidad como “un punto de inflexión importante” para el Poder Judicial y lo consideró uno de los hechos de corrupción de mayor relevancia registrados en la historia judicial argentina.
El magistrado también rechazó que la ex presidenta se encuentre “proscripta” como consecuencia de la condena y explicó que la inhabilitación especial perpetua constituye una pena prevista por el Código Penal para determinados delitos.
“No es proscripción”, afirmó Gorini al referirse a la situación de Cristina Kirchner. Según explicó, esa figura está contemplada desde la redacción original del Código Penal de 1921, mientras que una reforma posterior modificó distintos aspectos de la normativa.
Respecto del planteo presentado ante organismos internacionales, el juez sostuvo que cualquier cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la inhabilitación debería haber sido formulado previamente dentro del expediente judicial y ante los tribunales superiores argentinos.
Según Gorini, esa cuestión “nunca se planteó” durante el proceso. De todos modos, aclaró que no podía asegurar que el reclamo internacional fuera a ser rechazado, aunque consideró que presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
El magistrado señaló además que, desde su interpretación, una eventual modificación del régimen de inhabilitación requeriría una intervención del Congreso de la Nación mediante una reforma legislativa. En ese supuesto, explicó, podría plantearse posteriormente una revisión de la sentencia si correspondiera aplicar una ley penal más benigna.
Gorini también rechazó los cuestionamientos que sostienen que durante el juicio por Vialidad se vulneraron garantías constitucionales. Afirmó que el debate se desarrolló respetando “absolutamente” el debido proceso.
En ese sentido, recordó que, a pedido de la defensa del ex ministro Julio De Vido, fueron designados veedores del Colegio Público de la Abogacía, quienes asistieron a las audiencias y no formularon observaciones sobre el desarrollo del juicio.
El juez cuestionó además las críticas realizadas por personas que, según sostuvo, no presenciaron el debate ni necesariamente tuvieron acceso al expediente completo.
En relación con los cuestionamientos vinculados al género, Gorini rechazó la acusación de Cristina Kirchner de que su condena haya estado relacionada con su condición de mujer o con el denominado “machismo estructural”.
El magistrado consideró “absolutamente falso” que el género haya influido en la decisión del tribunal y mencionó que dos abogadas designadas por el Colegio Público de la Abogacía supervisaron la totalidad de las audiencias.
Al referirse a la pena impuesta, Gorini sostuvo que la magnitud de la maniobra que, según la sentencia, fue acreditada excede el límite de los seis años de prisión previsto para el delito de administración fraudulenta contra el Estado.
A su criterio, esa pena resulta “insuficiente” en términos de correspondencia entre el delito y el reproche penal.
El juez también explicó que nunca consideró que los hechos investigados en Vialidad configuraran el delito de asociación ilícita. Según argumentó, esa figura requiere determinados elementos que, a su entender, no estuvieron acreditados en el caso. También recordó que esa calificación no prosperó posteriormente ante la Cámara Federal de Casación Penal ni ante la Corte Suprema.
Otro de los aspectos abordados por Gorini fue el decomiso de los bienes vinculados con el perjuicio ocasionado al Estado. El magistrado reconoció que su ejecución presenta dificultades técnicas debido a la cantidad y diversidad de bienes involucrados y a la existencia de embargos y medidas cautelares correspondientes a otros procesos.
Sin embargo, afirmó que los bienes que correspondan deberán ser restituidos al Estado y evitó establecer plazos debido a que todavía existen recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Durante la entrevista, Gorini también relató distintas situaciones que interpretó como presiones y hostigamiento vinculadas con su intervención en el proceso.
Entre los episodios mencionó 12 accesos ilegítimos a la base de datos biométricos del Renaper, la sustracción de declaraciones juradas y documentación reservada, una falsa amenaza de bomba en su domicilio y situaciones de seguimiento y fotografías de integrantes de su familia.
Además, afirmó que fue incluido entre los magistrados señalados en escraches digitales realizados por un grupo que posteriormente fue desbaratado.
El juez también planteó la necesidad de revisar, mediante un debate parlamentario, el régimen de prisión domiciliaria previsto por la Ley de Ejecución Penal. Aclaró, no obstante, que su planteo no estaba dirigido exclusivamente a la situación de Cristina Kirchner.
Gorini recordó que fue designado juez en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y defendió el papel del Poder Judicial frente a las investigaciones por corrupción que involucran a expresidentes y exvicepresidentes.
Finalmente, reconoció que la Justicia tiene parte de responsabilidad en la mala imagen que mantiene ante la sociedad, aunque consideró que también existen aspectos vinculados con la política y con las leyes que deberían ser revisados.
“Creo que hay que reconciliar al Poder Judicial con la gente”, sostuvo el magistrado, y planteó que un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la Justicia podría contribuir a comprender mejor sus decisiones y los tiempos de los procesos.
