Guzmán intenta desplazar a la fiscal que rechazó el acuerdo
Marcelo Guzmán, procesado por violencia de género, pidió apartar a la fiscal del caso argumentando que su adhesión pública al feminismo compromete su imparcialidad.
El ex relator del Tribunal Superior de Justicia, Marcelo Guzmán, procesado por golpear brutalmente a su expareja, recusó a la fiscal de género María Paula Schapochnik, argumentando que su postura feminista compromete su imparcialidad. La causa, de alto impacto institucional, suma un nuevo episodio de tensión.
En ese marco, el conflicto se reactivó cuando la fiscal de Ushuaia, especializada en violencia de género, rechazó un acuerdo extrajudicial entre Guzmán y su ex pareja Carla Kirstein, que pretendía evitar el juicio previsto para 2026. Guzmán, suspendido de su cargo pero aún cobrando parte del salario, buscó que el entendimiento fuera homologado, ofreciendo un porcentaje del retroactivo que podría recibir si vuelve a ocupar funciones.
La fiscal consideró improcedente el arreglo, ya que se trata de un delito de acción pública. Esto motivó que la defensa de Guzmán avanzara con un escrito para apartarla de la causa. El documento, firmado por el abogado Gabriel Ortega, sostiene que la fiscal Schapochnik no es objetiva por haber expresado públicamente su adhesión al feminismo, particularmente en una tesis académica que presentó en FLACSO.
Allí, Schapochnik analiza cómo operan los sesgos patriarcales en el sistema judicial y propone una intervención feminista para revertir esa tendencia. La defensa considera que su postura es militante y que, por tanto, afecta la garantía de imparcialidad.
El texto también acusa a la fiscal de ignorar la voluntad de la víctima, quien habría suscripto el acuerdo por razones personales y familiares. Sin embargo, Schapochnik sostuvo que, más allá del consentimiento de la denunciante, el delito no puede resolverse de forma privada, debido a su gravedad y a la relevancia pública del caso.
Los jueces deberán resolver si aceptan o no la recusación, lo que abriría un delicado debate institucional. En juego no solo está la figura de la fiscal, sino también la legitimidad de su designación, realizada por el mismo tribunal que integraba Guzmán. A su vez, el reclamo revive el conflicto entre perspectiva de género y garantías procesales, en el marco de un caso con amplio seguimiento mediático y social.
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