Fallo judicial confirma la legalidad de las elecciones constituyentes en Tierra del Fuego
El Juzgado de Instrucción N° 1 cerró la investigación por presuntas falsificaciones en el llamado a elecciones constituyentes, tras concluir que no hubo pruebas suficientes de delito. El allanamiento a la Casa de Gobierno no arrojó indicios de fraude o abuso de autoridad.
El Juzgado de Instrucción N° 1 archivó la investigación sobre posibles irregularidades en la convocatoria a las elecciones constituyentes de Tierra del Fuego, luego de un allanamiento a la Casa de Gobierno. La resolución, tomada el 03/07/2025, confirma la legalidad del proceso electoral y exime de responsabilidad a los funcionarios investigados.
En ese marco, el juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1, dictó el archivo definitivo de la causa que investigaba presuntas irregularidades en el llamado a elecciones constituyentes en Tierra del Fuego, realizado el 10 de noviembre de 2024. La investigación se centró en dos aspectos: la supuesta manipulación de la fecha del decreto que establecía el día de las elecciones y la posible comisión de abuso de autoridad por parte de funcionarios que asumieron cargos públicos recientemente creados.
En cuanto a la primera acusación, el peritaje informático realizado por el tribunal descartó cualquier intento de falsificación o manipulación de la fecha del decreto. Los análisis determinaron que todo el proceso se llevó a cabo dentro de los márgenes legales y sin intenciones fraudulentas. Además, los testimonios recabados no mostraron elementos suficientes para sustentar la acusación de falsificación documental.
Por otro lado, la investigación sobre el abuso de autoridad fue igualmente desestimada. Aunque existieron posibles irregularidades administrativas en la designación de los cargos públicos, no se hallaron pruebas que demostraran una acción deliberada por parte de los funcionarios con la intención de violar la ley o de causar un perjuicio. El juez destacó la insuficiencia de pruebas para configurar un delito de abuso de autoridad.
El fallo, que pone fin a una de las causas más mediáticas del año, reafirma la importancia de contar con pruebas sólidas para formular acusaciones penales y resalta la necesidad de proteger la presunción de inocencia. Con el archivo de la causa, se cierra este capítulo judicial que involucró un allanamiento en la Casa de Gobierno y la intervención de Gendarmería Nacional.
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