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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la primera propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de la paritaria 2026-2027 para la administración pública. El ofrecimiento contempla incrementos escalonados del 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono extraordinario de $50.000, pero el gremio consideró que la oferta resulta insuficiente frente a la inflación y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Durante la apertura de las negociaciones paritarias para los trabajadores de la administración pública nacional, el Ejecutivo propuso una actualización salarial acumulativa del 6,6% para el trimestre junio-agosto, acompañada por el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 a abonarse en agosto.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada de inmediato por ATE. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la oferta no responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores estatales y cuestionó la falta de una recuperación real de los salarios.
“No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”, afirmó el dirigente sindical.
Aguiar también señaló que la propuesta oficial no contempla una recomposición de la pérdida acumulada del poder de compra y acusó al Gobierno de incumplir los principios de buena fe que deben regir las negociaciones salariales.
Según indicó el gremio, mientras el aumento ofrecido alcanza un 6,6% acumulado, la inflación de los últimos tres meses supera el 8,3%, por lo que la actualización salarial quedaría por debajo de la evolución de los precios.
Desde ATE sostienen que los salarios del sector público continúan mostrando un importante deterioro respecto de la inflación acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional.
En ese sentido, Aguiar afirmó que los trabajadores estatales registran una pérdida significativa de ingresos y aseguró que la nueva propuesta profundizaría esa tendencia. Además, advirtió que la distancia entre las posiciones de ambas partes podría incrementar la conflictividad laboral en los próximos meses.
Como parte de sus demandas, ATE insiste en la necesidad de establecer un salario mínimo superior a los $2.200.000, cifra que, según el sindicato, permitiría cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias conforme a los principios establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La negociación continuará en las próximas semanas, mientras el gremio mantiene su postura de exigir una oferta que contemple tanto la inflación actual como una recuperación de los ingresos perdidos en los últimos años.
