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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de parte de la Ley de Reforma Laboral N° 27.802, al considerar que desvía recursos de la seguridad social para financiar el recientemente creado Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Desde el gremio advirtieron que la medida compromete la sustentabilidad del sistema previsional y afecta directamente a jubilados, pensionados y trabajadores activos.
La presentación judicial apunta contra el artículo 76 de la Ley 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026, normas que regulan el funcionamiento del FAL, un mecanismo que reemplaza el pago directo de indemnizaciones por despido mediante un fondo financiado con aportes empresariales.
Sin embargo, desde ATE sostienen que la ley habilita a las empresas a descontar de sus contribuciones previsionales el mismo monto destinado al nuevo fondo, generando así un importante perjuicio para el sistema jubilatorio: “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, advirtió el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al referirse al alcance de la reforma.
El dirigente aseguró que la medida profundizará la crisis previsional existente: “El FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”, afirmó.
Según estimaciones difundidas por el sindicato, el impacto económico podría superar los 3.000 millones de dólares anuales. En caso de que el aporte al fondo alcance el máximo previsto del 3%, el sistema previsional perdería aproximadamente el 16,5% de sus ingresos, en un contexto donde los recursos actuales ya resultan insuficientes para cubrir las prestaciones vigentes.
Desde ATE explicaron que, bajo el nuevo esquema, los empleadores dejarían de afrontar directamente las indemnizaciones por despido y los trabajadores pasarían a cobrarlas a través del FAL.
Para la organización gremial, esta situación implica trasladar parte del costo empresarial hacia recursos destinados originalmente al financiamiento de las jubilaciones: “La Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados”, sostuvo Aguiar.
La presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, también cuestionó la medida y alertó sobre sus posibles consecuencias para el sistema previsional argentino: “El FAL afecta principios esenciales de nuestro sistema previsional, entre ellos el derecho a la seguridad social, la movilidad jubilatoria, la solidaridad como eje rector del sistema y la sustentabilidad del régimen previsional argentino”, señaló.
Además, advirtió que el impacto podría comprometer tanto las jubilaciones actuales como las futuras: “Si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social”, remarcó.
La demanda fue presentada como una acción colectiva en representación de todos los jubilados, pensionados y trabajadores que realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El gremio también solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas cuestionadas hasta que exista una resolución definitiva.
Finalmente, ATE argumentó que la legislación vulnera garantías contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de trabajadores y adultos mayores.
