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El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de ley sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa impulsada por el oficialismo que introduce modificaciones significativas en materia de desalojos, propiedad de tierras rurales y expropiaciones. El texto forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por el Gobierno nacional.
El proyecto, elaborado en el ámbito del Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, propone cambios estructurales en la normativa vigente, con el objetivo de avanzar en un esquema de mayor liberalización económica y reducción de regulaciones estatales.
Uno de los ejes centrales es la modificación de la ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. La iniciativa elimina el tope del 15% del territorio nacional en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, habilitando la adquisición sin restricciones nacionales, aunque mantiene la prohibición de compra por parte de Estados extranjeros, con excepciones bajo autorización provincial y del Poder Ejecutivo.
El oficialismo incorporó modificaciones durante el debate en comisiones, otorgando a las provincias mayor capacidad de decisión para objetar o autorizar operaciones de compra de tierras, lo que fue clave para asegurar apoyos legislativos.
Otro punto central del proyecto es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que establece un mecanismo de desalojo “exprés” mediante juicio sumarísimo. La iniciativa habilita la restitución inmediata del inmueble en determinados casos, como ocupaciones precarias o intrusiones, acortando significativamente los plazos judiciales.
Sin embargo, se establecieron diferencias entre ocupaciones irregulares e incumplimientos contractuales de inquilinos, incorporando plazos específicos y protecciones para casos de vulnerabilidad social, como la presencia de menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
El proyecto también introduce cambios en el régimen de expropiaciones, limitando el cálculo de indemnizaciones por lucro cesante y estableciendo criterios más restrictivos para la declaración de utilidad pública.
Desde el oficialismo sostienen que las reformas buscan atraer inversiones, reducir litigiosidad y mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y rural. La iniciativa, de aprobarse en el Senado, deberá ser tratada luego en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
