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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de bienes en la causa Vialidad, tras rechazar los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión judicial habilita la continuidad del proceso para la recuperación de más de 100 propiedades y bienes vinculados a la ex mandataria, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
La resolución de la Cámara de Casación impide que el expediente avance hacia la Corte Suprema y confirma la validez del decomiso dispuesto en el marco de la condena por administración fraudulenta en la obra pública.
De esta manera, la Justicia avanzará con la ejecución de la medida que alcanza un total de 111 bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario santacruceño.
Entre los activos alcanzados se encuentran 19 propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner, algunas recibidas por herencia o cesión, además de bienes registrados a nombre de la ex presidenta.
También forman parte del decomiso inmuebles asociados al empresario Lázaro Báez y a sus empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
En total, la medida incluye departamentos, terrenos y propiedades ubicadas principalmente en Río Gallegos y el complejo turístico Los Sauces, en Lago Argentino.
Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky integraron el tribunal que resolvió la causa.
Por mayoría, rechazaron los recursos presentados por las defensas, aunque Borinsky propuso habilitar parcialmente la revisión sobre algunos bienes específicos.
El juez Hornos sostuvo que el decomiso se fundamenta en que el delito “no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y remarcó que la condena por corrupción en la obra pública implicó un “flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Uno de los puntos discutidos fue la situación de los bienes de los hijos de la ex presidenta.
El tribunal consideró que, aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa penal, existe una vinculación razonable entre los bienes y el circuito económico derivado del delito investigado.
En ese sentido, se estableció que la transmisión hereditaria o gratuita no impide el decomiso, si los bienes forman parte del patrimonio alcanzado por la sentencia.
Con la decisión de Casación, la Justicia continuará con los procedimientos para efectivizar el decomiso de los bienes, en el marco de la condena de seis años de prisión que ya pesa sobre la ex mandataria.
La resolución marca un nuevo avance en una de las causas de corrupción más relevantes de los últimos años en la Argentina.
