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En un nuevo avance judicial dentro de la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
La medida forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía para cubrir el perjuicio económico al Estado fijado por la Justicia en más de $685.000 millones.
El inmueble donde reside actualmente la exmandataria aparece entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Según el dictamen de Luciani, la propiedad estaría vinculada al entramado patrimonial investigado en la causa y, por ese motivo, debería ser incorporada al decomiso para contribuir al resarcimiento económico.
La inclusión del departamento tiene un fuerte peso jurídico y simbólico, ya que se trata de la vivienda donde Cristina Kirchner permanece detenida desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El pedido del Ministerio Público no se limita únicamente a esa propiedad. La fiscalía también solicitó avanzar sobre un amplio conjunto de bienes que incluye:
Entre los activos considerados más emblemáticos aparecen además el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet de la costanera de Río Gallegos y distintas propiedades y terrenos en Santa Cruz.
La fiscalía sostiene que estos bienes forman parte de una “segunda tanda” de decomisos destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la confirmación de las condenas. Luciani argumentó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el dinero fijado por la Justicia y que, hasta el momento, “no han depositado ni un solo peso”.
Además, el fiscal remarcó que la magnitud del patrimonio detectado evidencia “fortunas desproporcionadas” respecto de los ingresos declarados, lo que —según sostuvo— justifica profundizar el decomiso de activos.
Ahora, el planteo quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes deberán resolver si incorporan estos nuevos bienes al proceso de ejecución patrimonial.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar la medida, en una disputa que podría volver a llegar a la Corte Suprema.
La posible incorporación del departamento de San José 1111 al listado de bienes decomisados marca un nuevo endurecimiento de la estrategia judicial orientada a recuperar activos vinculados a la causa Vialidad.
