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En diálogo con FM Origen, Gabriela Castillo explicó los motivos técnicos y legales detrás del veto parcial a la ley sobre cortes de servicios y detalló cómo funciona la reestructuración del subsidio al gas envasado en Tierra del Fuego. Además, habló sobre los niveles de morosidad, el impacto económico del sostenimiento energético, las irregularidades detectadas en beneficiarios y la segmentación aplicada para priorizar viviendas permanentes y sectores vulnerables.
En primer término, Gabriela Castillo cuestionó la manera en que se difundió la decisión del Ejecutivo provincial en los medios y expresó “El titular es poco feliz y claramente hay una malintención en la comunicación”, sostuvo. Además, explicó que la Provincia no tiene potestad sobre la tarifa del gas porque se trata de una competencia nacional “Es una cuestión federal, lo aprueba la Nación”, remarcó.
Asimismo, señaló que el Gobierno provincial no puede intervenir sobre las tarifas fijadas por organismos nacionales “No tengo manera de dónde sacar esa plata para ponerlo”, expresó al referirse al costo que implicaría congelar aumentos mientras continúan las actualizaciones definidas por Nación y CAMMESA.
Luego, detalló cómo funcionan actualmente los mecanismos para regularizar deudas de servicios “Hoy hay un servicio que puede interrumpirse, pero siempre hay planes de pago para que el vecino se acerque y haga un proceso de regularización”, afirmó. En ese sentido, aclaró que existen herramientas sociales y moratorias vigentes para asistir a usuarios con dificultades económicas.
Respecto de la morosidad, la ministra indicó que la situación presenta diferencias según la ciudad “La morosidad más o menos está en el 20% en la ciudad de Ushuaia”, señaló. En tanto, precisó que en Tolhuin los índices alcanzan cerca del 50% debido a limitaciones operativas y prioridades vinculadas al mantenimiento del sistema.
En relación con el nuevo esquema de subsidios al gas envasado, defendió la segmentación implementada por el Ejecutivo “Estamos priorizando vivienda permanente”, aseguró. Según indicó, el objetivo es evitar que personas con mayor poder adquisitivo continúen recibiendo asistencia estatal.
Asimismo, cuestionó que sectores de altos ingresos hayan sido beneficiados durante años sin distinción socioeconómica “Hay 5.800 familias que quedaron dentro del programa que la condición es de mayor vulnerabilidad”, explicó. También aclaró que el nuevo esquema contempla revisiones y evaluaciones sociales específicas.
En otro tramo de la entrevista, la ministra denunció irregularidades detectadas durante el relevamiento territorial “Hubo familias que estaban mal empadronadas”, afirmó. Como ejemplo, mencionó casos donde usuarios figuraban viviendo en zonas sin red de gas cuando en realidad residían en sectores con acceso al servicio.
Asimismo, Castillo deslizó cuestionamientos hacia sectores políticos que también habrían sido alcanzados por el beneficio estatal "Hay legisladores que también recibían el subsidio del gas”, afirmó.
En ese marco, explicó que anteriormente no existían segmentaciones vinculadas a ingresos o características habitacionales, por lo que distintos sectores accedían al programa sin distinción. “La reestructuración se hace con una finalidad de ser más equitativo”, remarcó, al defender los cambios implementados por el Gobierno provincial.
Por otra parte, Castillo explicó que el Estado mantiene un fuerte nivel de asistencia económica para garantizar el acceso al gas envasado. “Hay un gran esfuerzo del Estado para poder acompañar”, sostuvo. En ese sentido, precisó que las familias más vulnerables reciben subsidios que equivalen a cientos de miles de pesos mensuales.
Finalmente, la funcionaria detalló el alcance económico del programa y cómo impacta la reducción de kilos subsidiados “Son $902.000 que el Estado Provincial puso en esa familia”, indicó sobre los hogares que reciben el máximo beneficio. Además, explicó que la reducción de 450 a 400 kilos obliga a moderar consumos o complementar la diferencia con recursos propios.
