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Este lunes 18 de mayo comenzará en Ushuaia uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Tierra del Fuego. El juicio oral y público tendrá en el banquillo a Miguel Ángel Arana, Carlos Córdoba y Erik Enrique Moscoso Panozo, acusados de integrar una presunta maniobra de estafas vinculadas al acceso a viviendas, además de otros delitos económicos.
El debate oral se desarrollará en el Tribunal de Juicio de Ushuaia y girará en torno a una investigación por 22 hechos de estafa, en los que afiliados y particulares habrían realizado pagos para integrar listados confeccionados por ATE Ushuaia, bajo la promesa de acceder a soluciones habitacionales.
De acuerdo a la acusación fiscal, el mecanismo funcionaba mediante convenios en los que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sólo verificaba requisitos administrativos, mientras que la confección de listados y la operatoria quedaban bajo la órbita sindical, en un esquema heredado de la gestión provincial anterior.
Entre los principales imputados se encuentra Carlos Córdoba, secretario general de ATE, a quien la Fiscalía atribuye conocimiento de la maniobra. Según consta en la investigación, el dirigente habría realizado gestiones ante el IPV y recibido reclamos de afiliados que aseguraban haber entregado importantes sumas de dinero.
El perjuicio económico investigado asciende a 8.145.000 pesos y cerca de 52 mil dólares, montos que habrían sido percibidos antes de 2018, cuando comenzaron a radicarse las primeras denuncias.
Además de las acusaciones por estafa, los imputados deberán responder por presunta defraudación mediante administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos.
En paralelo, Erik Enrique Moscoso Panozo afrontará cargos por lavado de activos, debido a que parte del dinero obtenido de manera irregular habría sido utilizado para la compra de maquinaria destinada al montaje de una empresa.
Uno de los puntos más controvertidos de la etapa de instrucción fue la desvinculación de Miguel Ángel Arana y su esposa de la acusación vinculada al lavado de dinero, luego de acordar con el Gobierno provincial una “reparación integral del daño” mediante la entrega de una retroexcavadora.
La medida fue avalada por el fiscal Daniel Curtale y el juzgado interviniente, aunque dejó al IPV sin participación en esa parte del expediente. Sin embargo, el organismo sí actuará como querellante durante el juicio principal.
El inicio del debate se concretará luego de que el Tribunal rechazara un pedido de omisión de debate presentado por las defensas, ratificando así la realización del juicio oral y público.
La expectativa en torno al proceso es elevada, ya que el caso pondrá bajo análisis el rol de las organizaciones sindicales en la administración de políticas públicas y la responsabilidad de sus dirigentes frente a maniobras que habrían perjudicado a numerosas familias fueguinas.
Operativo especial de seguridad
Ante la magnitud del proceso judicial, el Poder Judicial dispuso un importante operativo de seguridad en inmediaciones del edificio de Tribunales, ubicado en Congreso Nacional 502.
Las medidas incluyen restricciones vehiculares y controles policiales en las calles 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional, donde estará limitada la circulación durante las audiencias y jornadas posteriores.
Asimismo, se informó que no podrán utilizarse los espacios de estacionamiento ubicados dentro del perímetro afectado por el operativo.
El control y cumplimiento de las medidas estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.
