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El Tribunal de Juicio de Ushuaia fijó para el 18 de mayo el inicio del juicio oral y público contra Carlos Córdoba, secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado, y otros imputados en una causa por presuntas estafas vinculadas al plan habitacional que dio origen al barrio 128 viviendas.
De acuerdo a la investigación, dirigentes sindicales habrían cobrado dinero a cambio de promesas de acceso a la vivienda, ofreciendo incluir a los interesados en listados de beneficiarios. El expediente reúne 22 hechos considerados como estafas.
Entre los acusados también se encuentra Miguel Ángel Arana, ex responsable del área de Vivienda del gremio. Según la acusación fiscal, Córdoba no podía desconocer la maniobra, ya que realizó gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda y recibió reclamos de afiliados.
La causa indica que el IPV verificaba únicamente requisitos formales, en el marco de una política habitacional que delegaba intermediación en organizaciones, lo que habría generado escasos controles.
Además, los imputados enfrentan cargos por defraudación, administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos.
En paralelo, será juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo por el delito de lavado de activos, ya que parte del dinero habría sido invertido en maquinaria y en la creación de una empresa.
Durante la instrucción, algunos imputados quedaron desvinculados tras acordar una reparación integral del daño, que incluyó la entrega de una retroexcavadora, medida que generó cuestionamientos.
La investigación estimó que los damnificados fueron perjudicados por más de 8 millones de pesos y unos 52 mil dólares.
Sin embargo, la realización del juicio aún no está completamente asegurada. Las defensas solicitaron la suspensión de juicio a prueba, pedido que fue rechazado y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones antes de la fecha prevista.
