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Valeria Barria y Gastón Castillo, trabajadores con más de 20 años de trayectoria en la Dirección Provincial de Puertos, cuestionaron duramente la intervención de la Administración Nacional de Puertos e Infraestructura Marítima (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia. Ambos denunciaron irregularidades administrativas, desplazamiento de personal y advirtieron que la situación representa “un hecho inédito” para Tierra del Fuego.
En diálogo con Radio Provincia, Barria y Castillo relataron cómo se enteraron de la intervención y describieron el desconcierto que vivieron los trabajadores durante las primeras horas del operativo.
Valeria Barria explicó que ambos llevan cerca de 20 años de trayectoria dentro de la Dirección Provincial de Puertos y remarcaron el fuerte vínculo construido con la actividad portuaria. “Mis primeros años en actividad portuaria fueron dentro del Puerto Ushuaia. Me desempeñé mucho tiempo en el área de facturación y conozco bastante la operatoria portuaria desde adentro. La verdad que siento mucho todo lo que está pasando porque mi corazón está siempre ahí adentro”, expresó.
Barria aseguró que los trabajadores desconocían completamente la decisión de intervenir el puerto y afirmó que la noticia los sorprendió durante la madrugada del 21 de marzo. “Nos enteramos a la madrugada del día 21 por un medio de comunicación. Yo estaba de vacaciones con mis hijos, entré a ver una publicación que decía ‘intervienen el Puerto Ushuaia’, no lo podía creer”, relató.
Además, sostuvo que las primeras horas posteriores a la intervención fueron “caóticas e inesperadas” para todo el personal.
Por su parte, Gastón Castillo calificó lo sucedido como un hecho sin precedentes. “Para nosotros no tiene otro nombre que un robo, porque ha sido eso: el robo del Puerto de Ushuaia. Es una cuestión totalmente ilegal y hasta constitucionalistas importantes de Argentina lo han dicho”, manifestó.
Castillo remarcó además que la jurisdicción portuaria excede ampliamente el muelle visible y denunció que la intervención implicó la pérdida de control provincial sobre toda el área. “Ahora si nosotros como fueguinos queremos hacer algo, le tenemos que pedir permiso a ANPyN”, cuestionó.
Los trabajadores denunciaron que gran parte del personal fue impedido de ingresar a sus puestos tras la intervención. Según indicaron, inicialmente solo pudo acceder un grupo reducido de empleados vinculados a un sindicato específico.
Barria explicó que el Puerto de Ushuaia cuenta con una dotación cercana a 90 trabajadores, aunque muchos de ellos fueron desplazados de áreas operativas, administrativas y de seguridad. “ANPyN seleccionó 16 personas, que forman parte de un sindicato conducido por Juan Avellaneda, y esas fueron las primeras personas que pudieron ingresar al puerto”, detalló.
En la misma línea, Castillo denunció restricciones para recuperar pertenencias personales. “Nos trataron como si fuésemos delincuentes que no podían cruzar la barrera”, afirmó.
Pese al desplazamiento, ambos señalaron que continúan desempeñando tareas en otras dependencias de la Dirección Provincial de Puertos.
Castillo también cuestionó el manejo de los recursos económicos durante la intervención y sostuvo que los ingresos generados por la actividad portuaria estarían siendo depositados en “una cuenta fantasma”. “Ellos directamente cierran el puerto, generan su propia cuenta y se empiezan a llevar la plata de los usuarios”, denunció.
Asimismo, aseguró que la actual situación terminó favoreciendo a empresas privadas vinculadas históricamente a la actividad portuaria. “Nuestras máquinas quedaron sin personal calificado para operarlas. Entonces tienen que contratar máquinas de afuera para poder garantizar los servicios”, explicó.
Según indicó, mientras la Dirección Provincial de Puertos cobraba alrededor de 282 dólares la hora por el uso de maquinaria, actualmente privados estarían cobrando cerca de 600 dólares.
Para Castillo, la intención de la intervención es permanente y no transitoria. “Ellos no vinieron a intervenir. Vinieron a quedarse con el puerto”, sostuvo.
Además, cuestionó que pese a los argumentos utilizados para justificar la medida, no se hayan realizado obras de infraestructura.
Barria, por su parte, pidió que la sociedad fueguina tome dimensión de la importancia estratégica del puerto. “Necesitamos que la sociedad entienda la importancia de defender el puerto provincial. Es un hecho gravísimo para la provincia perder el puerto”, expresó.
La trabajadora agregó que varias de las acusaciones que motivaron la intervención “se fueron cayendo con el paso de las semanas” y confirmó que mantuvieron reuniones con legisladores provinciales para exponer la situación.
Finalmente, ambos cuestionaron la designación del nuevo interventor, Fernando Polizzi, a quien señalaron como una figura sin experiencia portuaria.“Sabemos que está vinculado con PAMI, pero de la actividad portuaria no es una persona reconocida por nosotros”, indicó Barria.
Castillo fue aún más crítico “Creo que es un paracaidista como muchos políticos que hay. Necesitaban una cara local porque todos los responsables visibles eran funcionarios de Buenos Aires”, concluyó.
