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La intervención del Puerto de Ushuaia reactivó el conflicto en torno al manejo de los recursos y la operatoria. Desde el gremio portuario, la secretaria General del SUTAP, Daniela Almada, criticó con dureza el esquema actual y puso en duda los argumentos de eficiencia de la gestión.
La toma del control de la recaudación portuaria en plena temporada alta volvió a encender la polémica en Tierra del Fuego. Según denunció Daniela Almada, la gestión intervenida muestra números positivos sin asumir los costos básicos de funcionamiento.
“Cualquiera va a tener ahorro si no tiene gastos”, sostuvo la dirigente, y remarcó:“no sólo no pagan los salarios ni nada relacionado con el personal, sino que tampoco pagan el agua ni la luz”, al describir el esquema operativo actual.
De acuerdo a lo planteado, estos gastos continúan siendo cubiertos por la Dirección Provincial de Puertos, lo que, según indicó, altera la interpretación de los resultados económicos. “Todo eso sale del ahorro que ya venía teniendo la Dirección Provincial de Puertos, que era dinero destinado a obras, y ahora esas obras están paradas porque se destinaron al pago de salarios”, afirmó.
Almada también cuestionó el contexto en el que se produjo la intervención, al considerar que coincidió con un momento de alta actividad. “Agarraron un pico bastante alto de temporada”, señaló, y agregó “no es que vinieron en junio… vinieron en un momento de temporada, previo a ingresos de barcos grandes que ya estaban programados con 24 meses de anticipación”.
En ese sentido, puso en duda que los resultados actuales respondan a decisiones recientes. “No fueron gestiones que hicieron ellos para traer esas embarcaciones”, sostuvo.
La dirigente advirtió además sobre el impacto en los trabajadores “hoy por hoy quedamos en el medio de una disputa institucional, política, como quieras llamarlo”, expresó, en referencia a un conflicto que trasciende lo laboral.
Respecto al uso de las instalaciones, insistió en la falta de cobertura de costos “si alguien está haciendo uso de las instalaciones, debería pagar al menos los servicios”, indicó, y detalló que el consumo sigue siendo asumido por el área provincial debido a que “tenemos un único medidor”.
También cuestionó el discurso sobre la reducción de personal. “Es fácil decir que con 15, 16 o 17 trabajadores lo llevan a cabo”, afirmó, y añadió “la parte que no dicen es todo el personal que tuvieron que traer desde Buenos Aires”.
Sobre este punto, relativizó los cambios en la estructura laboral “la base estatal no es la misma, pero los tenés contratados, o sea que estamos hablando más de lo mismo”.
Almada señaló además las dificultades para acceder a información sobre la gestión “no tenemos acceso a la información, estamos bloqueados”, dijo, y aclaró “me gusta hablar con conocimiento de causa”.
En este escenario, el conflicto continúa abierto y con derivaciones políticas "el tema es político, es muy elevado”, sostuvo, y adelantó que el gremio analiza avanzar por la vía judicial. “Estamos viendo la alternativa de hacer una presentación judicial”, explicó, y estimó que podría concretarse “a más tardar a fin de mes o principio del siguiente”.
