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La disputa por la designación de una magistrada para el Juzgado de Familia y Minoridad Nº1 de Ushuaia desató una fuerte crisis institucional en Tierra del Fuego. Por primera vez desde la creación del sistema judicial provincial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó una propuesta elevada por el Consejo de la Magistratura, generando un duro cruce entre ambos órganos y abriendo un debate sobre los límites constitucionales de sus facultades.
El conflicto quedó formalizado tras la publicación de la Acordada Nº 692 del Consejo de la Magistratura, aprobada por unanimidad, en respuesta a la Acordada STJ Nº 24/2026, mediante la cual el máximo tribunal provincial rechazó la designación propuesta para cubrir una vacante judicial en Ushuaia.
La decisión del STJ marcó un quiebre en la práctica institucional vigente hasta el momento. Históricamente, el Tribunal Superior convalidaba las propuestas realizadas por el Consejo, incluso en contextos de controversia o diferencias respecto de los antecedentes de los postulantes.
Sin embargo, el STJ sostuvo ahora que su facultad constitucional de “designar” magistrados no implica una aceptación automática de las propuestas elevadas por el Consejo, sino que le otorga margen para revisar la razonabilidad del proceso de selección e incluso cuestionar la valoración de antecedentes entre candidatos.
Ese criterio fue interpretado por el Consejo de la Magistratura como una alteración profunda del equilibrio institucional previsto por la Constitución fueguina. En su respuesta oficial, el organismo sostuvo que la postura del STJ resulta “contraria” a lo establecido tanto por la Convención Constituyente como por los debates parlamentarios que dieron origen a la Ley Provincial Nº 8.
Además, los consejeros remarcaron que la nueva interpretación contradice antecedentes jurisprudenciales previos del propio Superior Tribunal. Uno de los aspectos más llamativos fue la participación de la jueza Mirian Cristiano, integrante del STJ, quien acompañó con su firma el duro planteo impulsado por el Consejo.
Lejos de limitarse a un rechazo político, el Consejo avanzó aún más y solicitó formalmente la derogación de la acordada del Superior Tribunal en un plazo de cinco días. También reclamó que se concrete la designación de la candidata originalmente propuesta.
La situación abrió un escenario de máxima tensión institucional, ya que el planteo representa un desafío directo al máximo órgano judicial de la provincia.
El trasfondo del conflicto expone una discusión más profunda sobre el reparto de poderes dentro del sistema judicial fueguino. Mientras el Consejo de la Magistratura tiene la función de seleccionar y proponer candidatos, el STJ interviene en la etapa final de designación. Hasta ahora, ese esquema funcionaba bajo un principio de deferencia mutua entre ambos organismos.
La nueva doctrina del Superior Tribunal podría modificar de manera permanente ese equilibrio, ampliando el margen de intervención del STJ sobre decisiones que históricamente eran consideradas competencia exclusiva del Consejo.
En paralelo, distintos sectores judiciales advirtieron sobre un posible “efecto espejo”. Según el análisis jurídico difundido tras la acordada, si el criterio del STJ se consolida, el Poder Ejecutivo podría aplicar la misma lógica para rechazar futuras propuestas destinadas a cubrir vacantes en el propio Tribunal Superior, generando potenciales bloqueos institucionales.
Otro de los puntos sensibles es la doble participación del STJ dentro del sistema judicial. El Tribunal integra el Consejo de la Magistratura a través de su presidencia y, al mismo tiempo, conserva la facultad de revisar posteriormente las decisiones tomadas en ese ámbito. Para algunos sectores, esa dinámica configura una especie de “doble instancia institucional” no prevista expresamente en la Constitución.
El enfrentamiento ya provocó una fractura visible entre dos de los principales órganos judiciales de Tierra del Fuego y transformó una discusión técnica sobre designaciones en un debate estructural sobre quién tiene la última palabra dentro del sistema judicial provincial.
La controversia se suma además a otros focos de tensión política en la provincia, particularmente el enfrentamiento entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo por la derogación de la convocatoria a elecciones constituyentes.
