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La situación del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se instaló en la agenda del Congreso, donde la oposición comenzó a insistir con la declaración de la emergencia del organismo ante el impacto del ajuste en las prestaciones, la atención médica y los pagos a profesionales.
El debate legislativo surge en medio de denuncias por la reducción de servicios en distintas provincias, interrupciones en la atención y conflictos con prestadores. Entre los casos mencionados se encuentran situaciones registradas en Marcos Juárez, Concordia, Rosario, Posadas y Puerto Madryn, donde se reportaron recortes, despidos y restricciones en la atención de afiliados.
Desde el organismo, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró que la atención está garantizada en todo el país. En esa línea, afirmó que “la atención está garantizada en todos los sentidos, por parte de los médicos de cabecera en todos los sanatorios del país y la cobertura de medicamentos”.
Sin embargo, los cuestionamientos opositores se apoyan en informes y datos que señalan una caída real en las transferencias y en el financiamiento del organismo. Según estimaciones del CEPA, el presupuesto del PAMI registra una baja en términos reales respecto de ejercicios anteriores, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso marcó una caída interanual del 41,3% en las transferencias durante el primer trimestre de 2026.
Uno de los puntos más críticos del debate es la Resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera. La norma fijó un valor de $2.100 mensuales por afiliado y eliminó incentivos previos, lo que generó un fuerte rechazo del sector médico.
De acuerdo a gremios profesionales, esta modificación implicaría una reducción de hasta el 52,5% en los ingresos, motivo por el cual reclaman una actualización del pago per cápita a al menos $6.500.
En este contexto, el peronismo en el Senado impulsa la declaración de la emergencia del PAMI por 12 meses. El proyecto contempla la regularización de deudas con prestadores, la actualización de aranceles y la recomposición del sistema de atención, con un fondo estimado en $500 mil millones.
El reclamo opositor también suma apoyo de legisladores de distintos bloques, que solicitaron informes sobre el funcionamiento del organismo. Sin embargo, denuncian demoras en las respuestas y dificultades para el tratamiento legislativo de la situación.
En Diputados, los pedidos de informes y convocatorias se multiplican, aunque la discusión se ve condicionada por el funcionamiento de las comisiones clave, donde aún no se habilitaron debates sobre la situación del organismo.
