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El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó la suspensión del trámite de reversión parcial de las áreas hidrocarburíferas CA-12 “Río Cullen”, CA-13 “Las Violetas” y CA-14 “Angostura”, operadas por la UTE encabezada por Roch SA. La decisión fue oficializada por el Ministerio de Energía, que volvió a cuestionar a la empresa por presuntos incumplimientos de inversión y posibles riesgos ambientales.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución M. Energía N° 53/26, firmada el 20 de abril de 2026, a través de la cual el Ministerio de Energía rechazó el recurso de reconsideración presentado por Roch SA y confirmó la validez de la suspensión dictada previamente mediante la Resolución N° 43/26.
En el documento, la cartera energética sostuvo que la reversión de áreas petroleras “no constituye un acto automático ni unilateral”, sino un procedimiento que requiere la aprobación expresa del Estado provincial para garantizar la protección patrimonial y ambiental de Tierra del Fuego.
De este modo, el Gobierno ratificó que la unión transitoria de empresas integrada por Roch SA, Petrolera El Trébol SA, Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA, Crown Point Energía SA, St. Patrick Oil & Gas SA y Secra SA continuará siendo responsable de la totalidad de las superficies concesionadas hasta tanto exista una aceptación formal de la reversión solicitada.
Uno de los principales puntos de controversia estuvo vinculado a la responsabilidad sobre pozos preexistentes y pasivos ambientales. En ese sentido, el dictamen legal incorporado al expediente sostuvo que la concesionaria mantiene obligaciones integrales sobre toda la infraestructura existente dentro de las áreas, independientemente de cuándo hayan sido perforados los pozos o del origen operativo de esos pasivos.
Además, el Ministerio cuestionó la intención de la empresa de abonar el canon de explotación únicamente sobre las superficies que pretende conservar bajo explotación y ratificó que el pago debe realizarse sobre la totalidad de las áreas actualmente concesionadas.
La resolución dejó abierta la posibilidad de que la empresa continúe el reclamo mediante el recurso jerárquico presentado ante el Poder Ejecutivo provincial.
El conflicto se inició formalmente el pasado 12 de marzo, cuando el Gobierno fueguino rechazó el pedido de reversión parcial impulsado por la UTE y suspendió el trámite hasta que la empresa acreditara el cumplimiento integral de sus obligaciones técnicas, ambientales y de inversión.
En aquella resolución, el Ejecutivo provincial señaló la existencia de presuntos incumplimientos vinculados a compromisos de inversión, caída sostenida de la actividad hidrocarburífera y falta de ejecución de trabajos durante los últimos períodos operativos.
Asimismo, las autoridades provinciales advirtieron sobre posibles riesgos ambientales asociados a pozos que requerirían tareas de abandono definitivo y remediación. Por ese motivo, la Resolución 43/26 ordenó la presentación obligatoria de un informe de pasivos ambientales y una auditoría de integridad mecánica antes de avanzar con cualquier proceso de reversión.
Según sostuvo el Gobierno provincial, el pedido empresarial no respondería al agotamiento natural de los yacimientos sino a una “estrategia de desinversión selectiva sostenida durante los últimos cinco años”.
Desde la administración fueguina también advirtieron que aceptar una devolución parcial de áreas sin garantías suficientes podría trasladar al Estado futuros costos vinculados a remediación ambiental y abandono de infraestructura petrolera.
Por su parte, la empresa sostiene que la reversión parcial constituye un derecho propio de la concesionaria y afirmó que sus obligaciones contractuales se encuentran regularizadas. Además, notificó que comenzaría a liquidar el canon únicamente sobre las superficies remanentes.
El pedido original de reversión fue presentado a fines de 2025 por la UTE Río Cullen, Las Violetas y Angostura, e incluía la devolución de más de la mitad de las superficies concesionadas en dos de las tres áreas.
En CA-12 “Río Cullen”, la empresa solicitó devolver 210,3 km² sobre un total de 353,8 km². En CA-13 “Las Violetas”, el pedido alcanzó 536,28 km² de un total de 1.210,57 km², mientras que en CA-14 “Angostura” se propuso restituir 228,9 km² sobre 417,6 km² concesionados.
