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El Gobierno provincial decidió rechazar la solicitud de reversión parcial de tres áreas hidrocarburíferas presentada por una UTE encabezada por Roch SA, en un contexto marcado por acusaciones de incumplimientos contractuales, caída de inversiones y riesgos ambientales.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 43/26 del Ministerio de Energía, firmada el 12 de marzo, en la que además se intima a la empresa a regularizar su situación bajo apercibimiento de avanzar hacia la caducidad de las concesiones.
El pedido de la compañía, ingresado en octubre de 2025, incluía la devolución de importantes superficies: 210,3 km² en Río Cullen, 536,28 km² en Las Violetas y 228,9 km² en Angostura, lo que representa casi el 50% del total concesionado.
Sin embargo, desde el Gobierno recordaron que ya en noviembre de 2025 se había advertido un “incumplimiento sustancial” de las obligaciones contractuales, lo que impedía avanzar con cualquier reversión. En ese marco, se solicitó a la empresa un plan de acción correctivo que aún no fue presentado.
Por su parte, Roch sostuvo que la reversión parcial es un derecho propio de la concesionaria y aseguró haber regularizado sus compromisos. Incluso notificó su intención de pagar el canon de explotación solo sobre el área que conservaría, decisión rechazada por la Provincia.
Desde el Ejecutivo, en cambio, remarcaron un “marcado incumplimiento” de los compromisos de inversión, con una caída sostenida de la actividad y ejecución casi nula en los últimos años. Según indicaron, la solicitud no responde al agotamiento de los yacimientos, sino a una estrategia de desinversión sostenida.
Además, las autoridades alertaron sobre un posible traslado de pasivos ambientales al Estado, especialmente en zonas con pozos que requieren abandono definitivo, lo que podría implicar un alto costo para las arcas públicas.
En ese sentido, el Ministerio enfatizó que la reversión no es un derecho automático, sino que depende del cumplimiento de obligaciones contractuales y de la entrega de las áreas en condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
La resolución también dispuso la suspensión del trámite, hasta que la empresa presente un informe de pasivos ambientales y una auditoría de integridad mecánica, ambos sujetos a aprobación oficial.
Mientras tanto, la UTE deberá mantener plena responsabilidad sobre todas las áreas concesionadas, incluyendo el pago completo del canon sin reducciones unilaterales.
