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El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema para regular la comercialización de productos de nicotina, incluyendo vapeadores, tabaco calentado y bolsitas, dejando atrás el sistema prohibitivo vigente hasta ahora.
A través de la resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó en la creación de un marco regulatorio integral para los productos que contienen nicotina, con el objetivo de ordenar el mercado y reforzar los controles estatales.
La normativa pone fin a un esquema en el que muchos de estos productos estaban prohibidos o en un “limbo legal”, mientras su consumo se expandía en un circuito informal sin controles. Desde el Gobierno señalaron que la medida busca combatir el contrabando y garantizar condiciones de seguridad para los consumidores.
A partir de ahora, todos los productos deberán contar con registro obligatorio, trazabilidad y estándares de calidad, además de declarar su composición. Solo podrán comercializarse aquellos que cumplan con las exigencias establecidas.
Uno de los puntos centrales de la regulación será la eliminación de saborizantes en vapeadores, medida orientada a reducir el atractivo de estos productos entre adolescentes y jóvenes, donde se ha detectado un crecimiento sostenido en el consumo.
El nuevo esquema también establece límites estrictos en la concentración de nicotina, prohíbe sustancias no autorizadas y obliga a fabricantes y comerciantes a informar detalladamente sobre cada producto.
Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa responde a la necesidad de intervenir en un mercado que funcionaba “completamente en negro”, sin controles sanitarios ni tributarios, y que generaba riesgos tanto en términos de salud pública como de evasión fiscal.
En paralelo, organismos como la ANMAT y el Ministerio de Salud, junto a áreas económicas del Gobierno, coordinarán la implementación del sistema, que permitirá fiscalizar, sancionar y formalizar la actividad.
En el plano sanitario, especialistas advierten que todos los productos con nicotina implican riesgos, incluyendo efectos cardiovasculares, pulmonares y adictivos. Estudios internacionales señalan que no existe una forma segura de consumo y alertan especialmente sobre su impacto en jóvenes, donde puede afectar el desarrollo cerebral.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo regular un mercado ya existente, sino también reducir los riesgos asociados al consumo sin control y limitar el acceso de los sectores más vulnerables.
