19640 Noticias
El gobierno encabezado por Javier Milei oficializó un cambio estructural en la política industrial argentina que podría marcar un antes y un después para Tierra del Fuego. A través del Decreto 252/2026, se amplía el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio nacional, eliminando el diferencial competitivo que durante décadas sostuvo el desarrollo productivo en la provincia más austral.
La decisión, que entrará en vigencia el 17 de junio, implica que empresas del continente podrán importar insumos sin aranceles y diferir impuestos, una ventaja que hasta ahora era exclusiva de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640. Este cambio altera profundamente el equilibrio industrial del país.
El Régimen de Aduana en Factoría (RAF) ha sido históricamente la base del modelo fueguino, permitiendo compensar los altos costos logísticos y climáticos de producir en el sur. Sin embargo, al extenderse este beneficio a otras regiones, se eliminan los incentivos económicos para sostener la producción en la isla.
Entre las consecuencias más inmediatas se destacan:
En paralelo, grandes actores del sector como el Grupo Mirgor —vinculado a Nicolás Caputo— ya avanzan en estrategias de expansión fuera de la provincia. La construcción de nuevas plantas en el continente refuerza la tendencia hacia una relocalización industrial.
Especialistas advierten que esta medida podría generar un “efecto de igualación hacia abajo”, donde Tierra del Fuego pierde su razón de ser como polo productivo estratégico. Esto no solo impacta en la economía, sino también en el plano geopolítico.
El interrogante central gira en torno al objetivo original de la Ley 19.640: garantizar el poblamiento y la soberanía en un territorio clave. Con este nuevo escenario, surgen dudas sobre la viabilidad de sostener el arraigo poblacional en una región considerada estratégica para la Argentina.
