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Un nuevo foco de controversia se abrió en torno al puerto de Ushuaia, luego de conocerse que un documento oficial de la Prefectura Naval Argentina certificaba su correcto funcionamiento, pero el original fue misteriosamente extraviado, generando sospechas y cuestionamientos.
El documento en cuestión es la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026, en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Allí se deja constancia de que la terminal portuaria cumple con todas las normas internacionales de seguridad, con vigencia hasta el año 2029.
Según el informe, el puerto se ajusta a las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, uno de los estándares globales más exigentes en materia de seguridad marítima. Además, se certifica que opera bajo un Plan de Protección aprobado, requisito indispensable para la operatoria internacional.
El alcance del documento también especifica que la terminal está habilitada para recibir buques de pasaje, carga general, contenedores y pesqueros, reafirmando su funcionamiento dentro de los parámetros exigidos a nivel mundial.
Sin embargo, el dato que generó mayor polémica es que este documento no había sido difundido oportunamente. Recién en abril se conoció un duplicado oficial, emitido tras un pedido de trabajadores portuarios, en el cual se deja constancia de que el documento original no puede ser encontrado dentro del organismo.
Este hecho contradice los argumentos sostenidos por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el Gobierno Nacional y referentes políticos que habían señalado supuestas “falencias estructurales” en el puerto.
La aparición tardía del certificado abre interrogantes sobre las razones detrás de su desaparición y alimenta denuncias sobre una posible “mano negra” con intereses en la intervención del puerto. Mientras tanto, crece la preocupación en la provincia por el impacto que esta situación podría tener sobre una de sus principales fuentes de ingreso.
