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A casi 80 días de iniciada la intervención del Puerto de Ushuaia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó la nómina de 298 estibadores habilitados, en una decisión que llega fuera de tiempo y abre interrogantes sobre quién autorizó las tareas durante el período de mayor actividad portuaria.
La medida fue formalizada mediante la resolución 18/2026, firmada el pasado 8 de abril, apenas 48 horas después de finalizada la temporada de cruceros 2025/2026, el momento de mayor movimiento en la terminal marítima.
Durante ese período se concentra la mayor demanda de tareas de carga, descarga y logística, vinculadas al arribo de embarcaciones turísticas, pesqueras y de carga. Sin embargo, la habilitación oficial de los estibadores llegó una vez concluido ese pico de actividad, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia de la intervención.
Desde la ANPYN argumentaron que la medida busca garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de la normativa vigente. En ese sentido, remarcaron que las tareas de estiba y desestiba son esenciales, ya que impactan directamente en la seguridad de las maniobras, la integridad de las mercaderías y la eficiencia operativa.
La resolución también establece que la Gerencia de Operaciones y Servicios Portuarios será la encargada de administrar la nómina, definiendo criterios de incorporación, actualización, control de identidad y trazabilidad de los trabajadores. Asimismo, se dispuso la notificación a la Prefectura Naval Argentina y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos del Atlántico Sur, entre otros actores del sistema.
No obstante, la demora en la formalización de la lista expone una posible desarticulación entre las decisiones administrativas y los tiempos reales de la actividad portuaria. La intervención, prevista por 12 meses, había sido dispuesta el pasado 20 de enero, incluyendo la suspensión de la habilitación del puerto durante ese lapso.
El origen de la intervención se remonta a una denuncia presentada por Juan Avellaneda, dirigente sindical y exfuncionario portuario, lo que derivó en la decisión de avanzar con el control estatal.
En este contexto, el principal interrogante que surge es quiénes y bajo qué autorizaciones trabajaron los estibadores durante casi tres meses, desde el inicio de la intervención hasta la reciente oficialización del listado. La situación no solo genera dudas administrativas, sino que también pone en debate la transparencia y la planificación en la gestión del Puerto de Ushuaia.
