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La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, realizada este miércoles en la Cámara de Diputados, estuvo marcada por tensiones, denuncias y cuestionamientos al desarrollo del debate, en medio de críticas de la oposición por presuntas limitaciones a la participación ciudadana.
Desde distintos bloques opositores advirtieron que el oficialismo habría restringido de manera “arbitraria” la intervención de expositores, al tiempo que señalaron que no están dadas las condiciones para un debate democrático.
Uno de los momentos más álgidos lo protagonizó Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien anunció que presentará una denuncia penal contra la senadora Flavia Royón por presunta incompatibilidad en la función pública.
Durante su exposición, Viale sostuvo que la legisladora “representa intereses de empresas mineras” y aseguró que posee una consultora que asesora a la compañía Río Tinto, lo que —según afirmó— la convertiría en beneficiaria indirecta de la modificación de la ley. Además, adelantó que solicitará que se investigue un posible cohecho.
El abogado también apuntó contra legisladores presentes en la comisión, entre ellos el diputado José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, al cuestionar posibles vínculos con proveedores del sector minero.
“Esto tiene nombre y apellido: son las grandes transnacionales mineras. Le están entregando el agua y es para siempre”, lanzó Viale, en uno de los pasajes más duros de la audiencia.
tensión, interrupciones y reclamos por participación
Otro episodio de fuerte tensión se produjo cuando la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue interrumpida con un corte de micrófono mientras cuestionaba el proyecto impulsado por el oficialismo.
En paralelo, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, denunció que la organización de la audiencia dejó afuera a la gran mayoría de los inscriptos. “Dejaron afuera al 99,9% de los expositores. No quieren escuchar a nadie”, expresó en medio de gritos y reclamos.
Ante esto, Peluc reconoció que hubo más de 100.000 personas anotadas, aunque defendió el proceso al señalar —de manera irónica— que se trató de una convocatoria “exitosa”, lo que generó nuevas críticas por parte de legisladores opositores, quienes cuestionaron la baja presencia en el recinto.
