
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil y fijó la imputabilidad desde los 14 años
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El Gobierno de Javier Milei promulgó esta madrugada la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios clave en la imputabilidad de adolescentes y en el régimen de sanciones.
La Ley 27.801, oficialmente promulgada mediante Decreto 138/2026, fija la edad de imputabilidad penal en 14 años, con un esquema de penas graduadas que contempla tanto la edad del menor como el contexto en que se cometió el delito.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con 44 votos positivos y 27 negativos, asegurando un nuevo triunfo legislativo para La Libertad Avanza (LLA).
Originalmente, el oficialismo había propuesto que la imputabilidad comenzara a los 13 años, pero tras una compleja negociación parlamentaria con los bloques dialoguistas se elevó el piso a 14 años para garantizar el consenso necesario y lograr la media sanción en la Cámara de Diputados.
Con esta modificación, el Gobierno logró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR, que coincidieron en que el límite de 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido y alineaba la legislación con los estándares de la mayoría de los países de la región.
En comparación regional, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana también fijan la imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen desde los 12 años.
El nuevo régimen penal juvenil busca combinar la responsabilidad legal con medidas socioeducativas, priorizando la reinserción social de los menores y diferenciando los casos según la edad y las circunstancias del delito.
Con la promulgación de la Ley 27.801, Argentina da un paso significativo en la reforma de la justicia juvenil, estableciendo parámetros claros para la imputabilidad y un marco de sanciones adaptadas a los adolescentes en conflicto con la ley.


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