Margalot: "Hay una maniobra de los libertarios de tener injerencia dentro de lo que es la provincia"

En declaraciones a La 97 Radio Fueguina, el secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, analizó la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en el Puerto de Ushuaia. El dirigente sindical cuestionó la legalidad y el trasfondo político de la medida, alertó por la situación de los trabajadores portuarios y confirmó que el gremio trabaja junto a la conducción provincial para garantizar salarios, obra social y estabilidad laboral. El conflicto involucra a Nación, Provincia y distintos sectores sindicales en un escenario de alta tensión institucional.

En primer término, Margalot dejó clara la postura de ATE frente a la medida adoptada por Nación "la injerencia de lo que es el gobierno nacional en una entidad provincial está mal”. En ese sentido, sostuvo que no se trata únicamente de una discusión administrativa sino de una cuestión institucional que afecta la autonomía provincial.

Asimismo, planteó que cualquier irregularidad debe resolverse en el ámbito judicial "si hubo malversación de fondo la justicia es la que se tiene que expedir, no el gobierno nacional”. Por ello, remarcó que “tiene que haber una injerencia de la justicia acá” y no decisiones unilaterales que alteren el funcionamiento del ente.

Al profundizar sobre el trasfondo político, afirmó "hay una maniobra de los que son los libertarios de tener injerencia dentro de lo que es la provincia”. En esa línea, vinculó la intervención con una estrategia más amplia hacia distritos no alineados con la gestión nacional.

Por otra parte, detalló el impacto directo sobre los trabajadores "hay 170 trabajadores de Puerto, de los cuales solamente 20 están hoy en día trabajando”. Esta situación, explicó, generó incertidumbre en la mayoría del personal que quedó sin tareas asignadas tras la intervención.

En relación a los derechos laborales afectados, advirtió "quedaron a la deriva, sin obra social y sin jubilación”, y explicó que uno de los ejes centrales de la negociación es garantizar estabilidad mientras se resuelve el conflicto de fondo.

En ese marco, destacó el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial al señalar que “se va a garantizar el pago del salario de los empleados”. Según explicó, se trabaja en un acta acuerdo que permita asegurar ingresos y cobertura social a quienes hoy se encuentran en una situación incierta.

Al mismo tiempo, expresó preocupación por el manejo de los recursos del puerto tras la intervención y advirtió "el único fondo que hay es también usar esos fondos y también echar gente”. Para el dirigente, el antecedente de despidos masivos a nivel nacional genera temor en el sector.

Por último, Carlos Margalot reiteró la posición del sindicato respecto al desenlace del conflicto "se tiene que resolver con el levantamiento de esta intervención”. Y concluyó con un llamado a una resolución institucional: “La idea es que se resuelva rápido y que la justicia tome la rienda como tiene que hacerlo”.