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El legislador provincial del bloque Forja, Federico Greve, se refirió en Radio Provincia a la intervención de la Administración Nacional de Puertos en el Puerto de Ushuaia. Analizó las acciones judiciales en curso, cuestionó la legitimidad de la medida, denunció la afectación de la recaudación y los salarios, abordó el rol del fiscal de Estado y advirtió sobre el trasfondo político y económico del conflicto entre la Nación y la Provincia.
En primer término, Federico Greve explicó el estado actual de las acciones legales y aclaró que aún no hay una resolución judicial definitiva "nosotros en realidad todavía no hemos radicado denuncias, si entendemos que obviamente el accionar de todo lo que está sucediendo en el puerto para nosotros es totalmente ilegítimo y no tiene ningún fundamento jurídico, que esperemos que la justicia falle al respecto”. En esa línea, remarcó que “el juez todavía no se ha excedido” y que lo que circula públicamente “es un dictamen del fiscal federal”.
En ese marco, el legislador detalló el procedimiento judicial iniciado por la Provincia y la expectativa sobre el fallo "tenemos que estar a las resultas de lo que diga el juez de Primera Instancia Federal, que es donde sí se radicó esta denuncia de inconstitucionalidad, pidiendo una medida cautelar de retrotraer esta acción o esta intervención al momento justo que se realizó”. En ese marco, calificó como “bastante traumática” la forma en que se produjo la intervención.
Seguidamente, Greve apuntó contra la resolución de la ANPYN y la definió como una avanzada encubierta del Estado nacional "la resolución que hace ANPyN es totalmente una intervención encubierta federal, que en realidad lo único que está haciendo es sacando las autoridades legalmente constituidas para funcionar el puerto y para recaudar los fondos del trabajo que se hace en el puerto, y las están reemplazando por autoridades nacionales”. Según sostuvo, esta situación implica un avasallamiento de derechos institucionales y colectivos.
En relación con los fundamentos esgrimidos para justificar la intervención, el legislador fue tajante "la resolución de puertos dice que hay malversación de fondos y desvío de fondos”. En ese sentido, explicó que “si hay malversación de fondos, para que el puerto sea intervenido, hay que hacer una denuncia penal, porque la malversación de fondos es un delito penal, no intervenir el puerto para investigar”, manifestó Greve.
Asimismo, cuestionó la lógica del procedimiento adoptado "primero te intervengo, investigo y después digo 'Ah están desviando los fondos'”. Para Greve, esa interpretación “parece una interpretación muy caprichosa”, ya que “primero hago la denuncia, pruebo que hubo malversación y después intervengo”.
Luego, el legislador puso el foco en la recaudación y el manejo de los recursos generados por el puerto "el Gobierno nacional sacó a las autoridades del puerto y ahora está cobrando los servicios del puerto y se está quedando con la plata de los fueguinos”. Frente a esta situación, explicó que presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer el destino de esos fondos.
En ese sentido, detalló "presenté también un informe en la legislatura para preguntarle a la intervención del puerto qué hacen con nuestra plata, a dónde va esa plata, cuál es la cuenta donde va esa plata, cuál es el plan de inversión de ese dinero”, precisó y cuestionó la falta de respuestas institucionales hacia los organismos provinciales.
Otro de los ejes centrales fue la situación de los trabajadores portuarios y el pago de salarios "si esto se extiende en el tiempo y la dirección de puertos no tiene recaudación, ¿Cómo va a ser la provincia para afrontar esos salarios?”. Para Greve, “esto es algo que para mí es bastante grave” y puede generar un impacto económico significativo en la Provincia.
En cuanto al rol del fiscal de Estado y la competencia judicial, el legislador explicó que el juez federal tomó decisiones clave "todavía no se pronunció un juez federal” y recordó que el dictamen del fiscal federal “no es vinculante”. En ese marco, anticipó que el conflicto podría escalar "todos los caminos igual conducen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por último, Federico Greve sostuvo que la intervención tiene un trasfondo que excede lo administrativo "a mí me parece que es una cuestión más económica, más política, con actores y cómplices locales. Esto se hizo a las 00:00h de la noche de un día cualquiera de enero. Los fundamentos de la intervención no tienen asidero”, cerró el legislador.
