
Iriarte pide estar en pie de guerra por los trabajadores de Río Grande, pero ¿qué pasa con los del Puerto de Ushuaia?
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El secretario de Gobierno de Ushuaia y apoderado del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Sebastián Iriarte, reclamó públicamente que los empresarios de Río Grande asuman mayores responsabilidades frente a los despidos industriales. Sin embargo, sus declaraciones en FM Centro volvieron a poner sobre la mesa un contraste político: la firmeza con la que exige defender a los trabajadores metalúrgicos frente al posicionamiento que mantiene sobre la intervención nacional del Puerto de Ushuaia.
Durante la entrevista, Iriarte cuestionó a las empresas que obtuvieron importantes beneficios económicos mediante el régimen de promoción industrial fueguino y sostuvo que deben asumir un compromiso con quienes contribuyeron a generar esas ganancias.
“Son empresas que se han hecho megamillonarios, algunos usufructuando el modelo de promoción industrial de Tierra del Fuego”, expresó al referirse a los despidos en Río Grande.
También sostuvo que los dirigentes políticos deben involucrarse y exigir respuestas frente a los conflictos laborales. Incluso afirmó: “Si pasara en Ushuaia, nosotros estaríamos en pie de guerra con el sector”.
La declaración adquiere particular relevancia porque en Ushuaia existe un conflicto laboral que lleva meses sin resolverse. La intervención nacional del puerto mantiene a trabajadores apartados de sus funciones habituales y genera incertidumbre sobre el futuro de aproximadamente 140 familias vinculadas a la actividad portuaria.
¿Dónde está esa misma firmeza frente a la situación de los trabajadores del Puerto de Ushuaia?
El contraste se profundiza al observar las posiciones públicas de otros mandatarios fueguinos. El gobernador Gustavo Melella rechazó reiteradamente la intervención nacional, cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei y reclamó la restitución de la administración portuaria a la Provincia.
En la misma línea, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, manifestó su rechazo a la intervención y defendió la autonomía provincial. Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Perez, también cuestionó la continuidad de la medida y sostuvo que recuperar el Puerto de Ushuaia debe ser una prioridad para Tierra del Fuego.
Mientras esos posicionamientos fueron expresados públicamente, el intendente de Ushuaia y presidente del PJ provincial, Walter Vuoto, continúa bajo cuestionamientos por no haber manifestado un rechazo de similar contundencia frente a la intervención nacional del principal puerto de su ciudad.
En el caso de Iriarte, si bien manifestó que el puerto debe continuar bajo control fueguino, también sostuvo que la solución corresponde a las autoridades con responsabilidad directa. Esa postura contrasta con sus declaraciones sobre Río Grande, donde reclamó una intervención política firme ante un conflicto que tampoco depende administrativamente del Municipio de Ushuaia.
La diferencia no pasó inadvertida entre los trabajadores portuarios. Representantes del sector cuestionaron públicamente la falta de acompañamiento de Vuoto y recordaron que el intendente se involucró en los conflictos industriales de Río Grande, mientras ellos continúan reclamando mayor presencia política frente a la intervención.
El cuestionamiento adquiere otra dimensión por la responsabilidad partidaria de ambos funcionarios. Vuoto preside el Partido Justicialista provincial e Iriarte es su apoderado, dentro de una fuerza política que históricamente ha colocado la defensa del trabajador entre sus principales principios.
La pregunta es cómo se traduce esa defensa del trabajo cuando el conflicto afecta directamente a la ciudad que gobiernan. No se trata de cuestionar la solidaridad con los metalúrgicos de Río Grande, sino de conocer qué acciones concretas se impulsan para acompañar también a las familias portuarias.
La intervención del Puerto de Ushuaia es una decisión del Gobierno nacional y su resolución depende de las autoridades competentes y de las instancias judiciales correspondientes. Sin embargo, esa circunstancia no impide que los dirigentes municipales expresen un respaldo político e institucional a los trabajadores afectados.
Mientras Melella, Harrington y Perez hicieron públicos sus cuestionamientos a la intervención, permanece abierta la discusión sobre el alcance del acompañamiento de Iriarte y Vuoto a los trabajadores portuarios.
El contraste entre el discurso y los hechos queda expuesto. Mientras Sebastián Iriarte reclama firmeza frente a los empresarios por los trabajadores de Río Grande, la intervención nacional del Puerto de Ushuaia continúa afectando a unas 140 familias. Una situación que también pone bajo la mirada pública el acompañamiento político de Iriarte y del intendente Walter Vuoto, quienes reivindican la defensa de los trabajadores como una de las principales banderas del peronismo.


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