
Arroyo confirmó que la Provincia ampliará su presentación ante la Corte Suprema por la intervención del Puerto de Ushuaia
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La secretaria de Coordinación Legal del Gobierno de Tierra del Fuego, Mariángeles Arroyo, confirmó que la Provincia prepara nuevas acciones legales tras la prórroga de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. En declaraciones a FM del Pueblo, adelantó que la Resolución 69/2026 será incorporada a la causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Estamos analizando y redactando las medidas dentro de la estrategia legal que tenemos en curso, tanto en la Corte como en la cuestión administrativa por parte de la Dirección de Puertos”, explicó la funcionaria.
En ese sentido, aseguró que la extensión de la intervención será presentada “como un hecho nuevo y como un agravante más de esta intervención”, al considerar que la resolución aporta nuevos elementos para cuestionar las decisiones del Gobierno nacional.
Arroyo sostuvo que la intervención fue fundamentada en supuestas deficiencias de infraestructura que, según afirmó, no impidieron el normal funcionamiento del puerto. Además, cuestionó el plan de obras presentado por las autoridades nacionales.
“De las obras que supuestamente están en curso, que son nueve obras, solamente una está en curso desde el mes de septiembre”, señaló, y advirtió que otros trabajos figuran programados hasta diciembre de 2029.
La funcionaria también afirmó que varias de las obras anunciadas ya estaban contempladas en expedientes de la Dirección Provincial de Puertos, por lo que cuestionó su utilización como fundamento para prolongar la intervención.
“Es grave que mientan de esta manera en actos administrativos”, expresó Arroyo, quien además reclamó información sobre los ingresos que actualmente administra la intervención nacional y el destino de esos recursos.
Por último, manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores cuyos salarios continúa afrontando el Gobierno provincial y advirtió que una extensión prolongada podría complicar el sostenimiento de esos pagos.
“La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó.
De esta manera, el Gobierno fueguino avanzará con nuevas presentaciones dentro de la causa judicial existente, utilizando la prórroga y el plan de obras como elementos para sostener su cuestionamiento a la intervención nacional.


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