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Tras la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en el Puerto de Ushuaia, el diputado nacional por Tierra del Fuego y referente de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, se expresó en diálogo con Radio Provincia. Durante la entrevista, abordó los fundamentos legales de la medida, denuncias por presunto desvío de fondos, el rol de la Nación y el impacto de la decisión en la provincia, en un contexto marcado por la temporada de cruceros y la administración de recursos públicos.
En primer término, al referirse al encuadre legal de la intervención, el diputado Miguel Rodríguez afirmó "más allá de una posición que pueda tomar yo, por ahí nos tenemos que ceñir a lo que dice la ley del convenio entre Nación y Provincia del año 92, que es la ley que administra justamente el tema de los puertos, la ley 24.093”, y agregó que “los fondos de la administración del puerto no pueden ser utilizados para otro fin que no sea justamente el puerto”.
Seguidamente, explicó cómo se originó la situación que derivó en la decisión del Gobierno nacional y señaló "el puerto a modo de préstamo o no sé qué tipo de condiciones, transfirió al gobierno provincial 4 mil millones de pesos para financiar la obra social del Estado”, contexto en el cual “hubo denuncias por parte del mismo personal de planta del puerto al gobierno nacional”, lo que motivó pedidos de informes e inspecciones.
A su vez, detalló el rol del organismo nacional y sostuvo "la ANPIN es una autoridad portuaria nacional, puede sancionar y aplicar correctivas a la administración de cualquier puerto del país, incluso la suspensión, y en este caso también la autoridad portuaria nacional puede intervenir la administración como lo hizo con el puerto de Ushuaia”, remarcando que la inspección detectó falencias operativas y administrativas.
En ese marco, Rodríguez puso el foco en el objetivo de la medida y afirmó "el foco debe estar en que si realmente hubo un desvío de fondo de la actividad portuaria o no, y garantizar el correcto funcionamiento del puerto de Ushuaia”, subrayando la importancia estratégica del mismo al señalar "tenemos más de 500 recaladas por temporada y es el segundo puerto más importante del país”, por lo que “esta medida inicialmente es para transparentar el uso de los recursos”.
Posteriormente, al referirse a las críticas políticas, fue contundente al expresar "no lo tenemos que tomar como un ataque a la provincia ni a los fueguinos, sino que la corrupción no tiene jerarquía”, y añadió "el director de la ANPIN dijo que hay más de 6 mil millones de pesos en supuestos desvíos”, indicando que allí debe centrarse el debate público.
Asimismo, cuestionó el uso de los recursos públicos al manifestar "el recurso de todos los fueguinos, de la gente que trabaja en el puerto, no puede ser utilizado por un ejecutivo de turno para tapar agujeros negros por una mala administración”, y remarcó "la administración pública provincial hace agua por donde lo mire, salud, educación”.
Por último, al referirse al seguimiento de la intervención, Miguel Rodríguez explicó "es una intervención administrativa por el plazo de 12 meses”, aclarando que “se puede prorrogar o no, dependiendo de si se subsanan estas falencias que se constataron en el puerto”, y concluyó "a la gente le interesa más que no se malutilicen los recursos de todos los gobiernos”.
