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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, declaró al 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar”, mediante el Decreto 6/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
La medida se adopta en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico militar en la Argentina, y tiene como objetivo mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso del Estado provincial con las políticas de derechos humanos.
El decreto establece que, durante todo el año 2026, la totalidad de la documentación oficial de la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, así como la de los entes autárquicos, deberá consignar de manera obligatoria la leyenda: “2026 – Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar”.
La disposición alcanza a comunicaciones, actos administrativos y documentos oficiales emitidos por los organismos provinciales.
Fundamentos históricos y políticos del decreto
En los considerandos, el Poder Ejecutivo bonaerense recuerda que durante la dictadura se cometieron violaciones sistemáticas y continuadas a los derechos humanos, entre ellas torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, apropiación de niños y niñas recién nacidos y represión estatal ilegal, calificadas como crímenes de lesa humanidad.
El texto también destaca el rol de las organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que desde el inicio del terrorismo de Estado reclamaron verdad, justicia y restitución de identidades, y subraya los hitos judiciales posteriores al retorno de la democracia, como el Juicio a las Juntas de 1985, los Juicios por la Verdad y la reapertura de causas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Reafirmación de políticas públicas de derechos humanos
Según el decreto, la declaración del año 2026 busca fortalecer la memoria colectiva, honrar a quienes lucharon y luchan por la democracia y continuar impulsando políticas públicas orientadas a la defensa y protección de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
El decreto, que también lleva las firmas de la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y tendrá aplicación durante todo el año calendario 2026.
