Mientras la ciudad enfrenta falta de obras, déficit de inversión en salud y múltiples demandas sociales, la Municipalidad de Ushuaia oficializó un contrato por $11.000.000, a pagar en cinco cuotas de $2.200.000, para el servicio de chofer y asistente privado del intendente.
USHUAIA14/01/2026
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La publicación de una nueva contratación en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia volvió a poner en el centro del debate el uso de los recursos públicos. Se trata de un contrato por $11.000.000 destinado a la prestación de servicios de chofer y asistente privado del intendente municipal durante un período de cinco meses.
Según consta en la edición del Boletín Oficial del 6 de enero de 2026, el servicio contratado incluye una carga mínima de 45 horas semanales, distribuidas de lunes a domingo. El acuerdo también prevé el pago de viáticos, traslados y estadías en caso de que las tareas se desarrollen fuera de la ciudad.
El monto total será abonado en cinco cuotas mensuales consecutivas de $2.200.000 cada una, financiadas íntegramente con recursos del presupuesto municipal. Si bien el procedimiento se encuadra dentro de los mecanismos administrativos vigentes, la decisión generó interrogantes políticos y sociales.
La controversia surge en un contexto económico complejo, donde amplios sectores de la comunidad enfrentan dificultades crecientes. Ushuaia mantiene demandas pendientes en materia de infraestructura barrial, mantenimiento urbano, asistencia social, acceso a la vivienda y fortalecimiento de servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.
En ese escenario, la asignación de fondos para garantizar el traslado y la comodidad del jefe comunal aparece como una señal política que despierta cuestionamientos. Para distintos sectores, el debate no se limita al monto, sino al mensaje que transmite la gestión municipal respecto de sus prioridades.
La figura de un chofer privado exclusivo, con una retribución millonaria, contrasta con la situación de trabajadores municipales que reclaman mejoras salariales, áreas operativas que funcionan con recursos ajustados y barrios que aún esperan soluciones estructurales.
Más allá del contrato en sí, la discusión plantea una pregunta de fondo: cómo se definen las prioridades cuando los recursos públicos son limitados. La respuesta, lejos de ser meramente técnica, se inscribe en el terreno político y en el modelo de gestión que se impulsa desde el Ejecutivo municipal.
La oficialización del gasto abre así un nuevo capítulo en el debate sobre transparencia, uso del dinero público y la creciente distancia entre las urgencias cotidianas de la comunidad y las decisiones que se toman desde los niveles de poder.
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