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El próximo jueves 15 de enero, los beneficiarios del fallo millonario por la nacionalización de YPF presentarán ante la jueza Loretta Preska un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y se apliquen sanciones económicas. La medida se fundamenta en el presunto incumplimiento de Argentina de entregar los mensajes de WhatsApp y servicios de mensajería de algunos funcionarios públicos involucrados en el caso.
Según explicó el especialista Sebastián Maril, “estas presentaciones resultan del supuesto (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”.
Maril precisó que Argentina presentará su escrito de defensa el próximo 19 de febrero, marcando la continuidad del proceso judicial que mantiene al país bajo la lupa internacional.
Por su parte, fuentes de la Procuración del Tesoro aseguraron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. Indicaron que “se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, y que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.
El caso, que involucra un fallo de US$16.100 millones, mantiene la atención sobre las negociaciones y estrategias legales de Argentina frente a tribunales internacionales, y plantea interrogantes sobre posibles sanciones económicas si se considera que persiste algún incumplimiento formal.
